Marcha Verde surgió como respuesta a la indignación colectiva ante el despilfarro de los fondos públicos que caracterizó la administración del expresidente Danilo Medina, siendo los casos de ODEBREHT y Punta Catalina los detonantes para la movilización general de la sociedad dominicana que marchó por toda la geografía nacional.
Este 9 de diciembre del año 2023, consagrado como el “Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción”; el desaliento y la preocupación atentan contra la estabilidad nacional y la paz del pueblo dominicano por la lentitud de los procesos judiciales contra exfuncionarios imputados por actos de corrupción.
Crece la incredulidad en que se haga justicia y se ha perdido la fe en la reforma constitucional anunciada en el 2020, por el presidente de la República.
La mayoría de los dominicanos percibimos que el Poder Judicial está entrampado en las redes de una estructura diseñada por mentes despóticas para garantizar impunidad.
El Ministerio Público ha sido diligente en la recolección de las pruebas y confección de los expedientes, lo cual merece nuestro reconocimiento por el arduo trabajo que eso implica.
Es imperante la necesidad de saneamiento de procuradores y fiscales que son parte del entramado de corrupción, ya que el período para el que fueron escogidos mediante concursos cuestionados por la sociedad venció en septiembre de 2022, e inexplicamente no se ha procedido a su destitución e incorporación de nuevos fiscales que no obstruyan la justicia.
En términos de transparencia al Estado dominicano le falta mucho camino por recorrer. Es largo el listado de escándalos que implican miles de millones de pesos, siendo los últimos el del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la denuncia de un desfalco en la Cooperativa de la Policía Nacional, por más de tres mil millones de pesos y la administración de justicia en ambos casos ha estado ausente y se apuesta al olvido para garantizar impunidad.
Un aspecto a destacar es que al menos, los incumbentes involucrados han debido dejar los puestos bajo el eufemismo de “Licencia sin disfrute de sueldo” y no se han producido cancelaciones ni sanciones ejemplares de las autoridades competentes.
El pueblo dominicano sufre las consecuencias de la corrupción que se traducen en baja calidad de obras públicas, lo a su vez expone la integridad de las personas a riesgos prevenibles por eventos de la naturaleza, como ocurrió el pasado 18 de noviembre con la pérdida de vidas en el paso a desnivel en la avenida 27 febrero con Máximo Gómez; tragedia por la que exigimos identificar y sancionar la negligencia y el vicio de construcción por el referido caso.
El Estado es responsable de la vulnerabilidad e inseguridad a que pueden estar expuestas nuestras ciudades y comunidades ante fenómenos naturales.
Marcha Verde rechaza el festival de privatizaciones de propiedades y servicios públicos; característica de la actual administración gubernamental por la suscripción de contratos que lesionan el interés nacional, como es el caso del contrato de AEREDOM y condenamos el indecente endeudamiento externo al que el gobierno dominicano está sometiendo a la sociedad.
Hacemos un llamado al pueblo dominicano a no votar y rechazar a candidatas y candidatos con reputación de corruptos o vinculados al narcotráfico, que en las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales pretenden volver al gobierno a robar.
NO A LA CORRUPCIÓN
NO A LA IMPUNIDAD
SI A LA TRANSPARENCIA
SI A LA INSTITUCIONALIDAD.
EL PUEBLO DOMINICANO SE CURARÁ DE LA CORRUPCIÓN CON LA JUSTICIA