Estados Unidos se encuentra en plena fiebre de construcción de centros de datos.
Es difícil exagerar la importancia de la IA para la economía estadounidense. Algunas estimaciones incluso sugieren que la inversión en IA representa entre la mitad y dos tercios del crecimiento económico actual de Estados Unidos. La dependencia económica de Estados Unidos respecto a la IA es tan pronunciada que David Sacks, quien hasta hace poco era el “zar” de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, afirmó que “detener el progreso en IA equivaldría a frenar la economía estadounidense”.
En total, se prevé que Estados Unidos gaste alrededor de 800 mil millones de dólares en IA este año, lo que equivale a entre 2 y 2,5 % del PIB y se acerca a la escala del presupuesto de defensa nacional, que representa el 2,9 % del PIB. Y aunque el mercado de la IA generó ingresos estimados de 214 mil millones de dólares en 2024, se prevé que esta cifra se multiplique por más de 6 en los próximos 5 años. Cinco empresas estadounidenses se encuentran entre los principales impulsores de las inversiones en IA: Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle. En conjunto, el valor de estas empresas asciende a más de 12 billones de dólares. Sus gastos de capital relacionados con la IA ascenderán a más de 700 mil millones de dólares solo este año.
Los gastos de capital relacionados con la IA pueden dividirse, en términos generales, en centros de datos, infraestructura de energía, hardware de computación y software. Los centros de datos son particularmente esenciales porque el desarrollo y la implementación de modelos de IA dependen de contar con enormes recursos de datos y computacionales, que, a su vez, requieren de la capacidad de procesamiento disponible en los centros de datos. Esto explica, en parte, la carrera que libran las grandes empresas para construir centros de datos de IA: cuanto más grandes y rápidos sean sus centros, más probabilidades tendrán de superar a la competencia.
El gobierno de Trump ha vinculado el crecimiento de la infraestructura de IA tanto a la seguridad nacional como a la energética, con el objetivo de respaldar y acelerar la fiebre de la construcción de centros de datos. El gobierno incluso ha emitido varias órdenes ejecutivas dirigidas a los desarrolladores de centros de datos de IA para agilizar los procedimientos de permisos y de planificación.
Los recursos que necesitan los centros de datos de IA
El problema es que los centros de datos requieren enormes cantidades de energía para sus operaciones, así como agua para enfriar sus sistemas y protegerlos del sobrecalentamiento. En 2023, los centros de datos consumieron alrededor del 4,4 % de la energía eléctrica en EE. UU., y se prevé que esta cifra aumente hasta entre 6,7 y 12 % para 2028. Además, algunos centros de datos consumen casi 2 millones de litros de agua al día. De cara al futuro, varios estudios proyectan que el auge de los centros de datos de IA podría agregar entre 24 y 44 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera para 2030 (el equivalente a agregar de 5 a 10 millones de autos a las carreteras de EE. UU.). Para entonces, los centros de datos también podrían consumir entre 731 y 1.125 millones de metros cúbicos de agua (suficiente para satisfacer las necesidades domésticas anuales de 6 a 10 millones de personas en EE. UU.).
Aún más preocupante es que, de los más de 1000 centros de datos previstos para EE. UU., 517 se ubicarán en zonas que ya sufren condiciones de sequía y estrés térmico —fenómenos extremos que se están volviendo más frecuentes e intensos con el cambio climático.
Sin embargo, las empresas siguen adelante con sus planes de construir centros de datos en los desiertos. Hay dos razones para hacerlo. En primer lugar, el terreno en el desierto es relativamente accesible y asequible en comparación con otras regiones de EE. UU. que cuentan con condiciones climáticas más favorables o un suministro energético más abundante. En segundo lugar, algunos gobiernos locales están ansiosos por atraer centros de datos de IA porque esperan que estas instalaciones generen beneficios económicos para las comunidades locales, particularmente en áreas que han sido desatendidas en términos de desarrollo económico y otros recursos.
El Proyecto Júpiter en el condado Doña Ana
Sin embargo, como cabía esperar, muchas comunidades locales no están convencidas.
Un centro de datos de IA en proyecto que ha suscitado una importante oposición local es el Proyecto Júpiter, que se está construyendo cerca de Santa Teresa, una localidad sin gobierno municipal propio situada en el condado de Doña Ana, Nuevo México. Santa Teresa se encuentra a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en el norte del desierto de Chihuahua. La región ha lidiado durante mucho tiempo con limitaciones de agua y de energía. La sequía prolongada, la disminución de la capa de nieve en las montañas y el cambio climático han ejercido una presión cada vez mayor sobre los suministros de agua, que ya son limitados. Durante años, los residentes de Santa Teresa y las comunidades aledañas han luchado por el acceso al agua potable limpia, segura y confiable. Por lo tanto, la perspectiva de un centro de datos de alto consumo de agua en las inmediaciones resulta particularmente polémica.
Una vez completado, el Proyecto Júpiter abarcará aproximadamente 5,5 km2 (un área en la que podría caber el Central Park de Manhattan). Aunque las empresas involucradas siguen siendo un misterio, según se informa, Oracle operará el Proyecto Júpiter, con OpenAI como su principal cliente. El costo total del Proyecto Júpiter se estima en 165 mil millones de dólares durante los próximos 30 años (aproximadamente el 7–8 % del PIB anual de Brasil). Sus desarrolladores prometen que se crearán “1.500 empleos permanentes relacionados con el proyecto” y que también habrá “360 millones de dólares en apoyo directo para escuelas, infraestructura y servicios locales”.
El proyecto ha recibido un fuerte respaldo de algunos funcionarios locales y estaduales, quienes otorgaron a sus desarrolladores un paquete de incentivos, que incluye exenciones de impuestos sobre la propiedad y de impuestos sobre el equipo utilizado para construir la instalación. La microrred del Proyecto Júpiter también quedó exenta de la Ley de Transición Energética de Nuevo México, que exige que las empresas de servicios públicos de propiedad de inversionistas realicen la transición a la electricidad libre de carbono para el año 2045. Esto resulta particularmente alarmante si se considera que el Proyecto Júpiter requiere aproximadamente 2,5 GW de energía, lo que representa más de la mitad del consumo total del estado de Nuevo México. Dado que la microrred generaría energía de manera independiente en lugar de obtenerla de la red eléctrica existente, el proyecto no estaría sujeto a los requisitos de energía limpia establecidos por la ley.
Los desarrolladores propusieron inicialmente satisfacer la considerable demanda de energía de la instalación mediante una nueva central eléctrica a gas natural, pero más tarde cambiaron a pilas de combustible, una tecnología que genera electricidad mediante un proceso electroquímico en lugar de la combustión. Es importante destacar que tampoco se ha implementado en ningún otro lugar a una escala ni remotamente cercana a la presente. Si bien el cambio podría reducir las emisiones anuales proyectadas de gases de efecto invernadero de aproximadamente 14 millones de t a 10 millones de t, la instalación seguiría siendo una fuente importante de emisiones, comparable a las de toda una ciudad estadounidense de tamaño mediano, como Philadelphia o Buffalo.
El cambio a la tecnología de pilas de combustible también ha alterado el uso de agua del proyecto. Los desarrolladores revisaron sus estimaciones de casi 3,5 millones de litros de agua al día a más de 40 millones de litros de agua no potable que circulen dentro de un sistema de reciclaje de circuito cerrado. En principio, dichos sistemas pueden reducir significativamente el consumo de agua para la refrigeración al recircularla de forma continua en lugar de agotar los acuíferos. Sin embargo, los sistemas de circuito cerrado también tienen desventajas. Son más costosos de construir y operar, aumentan significativamente la demanda energética total y requieren el uso de productos químicos para el tratamiento del agua. Se desconocen los impactos ambientales a largo plazo.
Si bien los funcionarios locales y estaduales se dejaron convencer por los argumentos de los desarrolladores del Proyecto Júpiter y finalmente lo aprobaron, los residentes locales y las comunidades siguen mostrándose muy escépticos. Argumentan que la escasa transparencia y la información cambiante sobre los requisitos de agua del proyecto han hecho imposible evaluar su impacto potencial en los escasos recursos hídricos de la región.
Las principales preocupaciones
Durante un foro público celebrado en Las Cruces a finales de mayo de 2026, varios expertos brindaron un informe a los residentes y miembros de la comunidad preocupados por los impactos ambientales y climáticos del Proyecto Júpiter. Los residentes también aprovecharon esta oportunidad para intercambiar información y elaborar estrategias.
Hablé con residentes locales en la larga fila de personas que esperaban, bajo el calor del comienzo del verano, para ingresar al foro público. Sus principales preocupaciones se centraban en la demanda de agua y energía del Proyecto Júpiter, junto con objeciones más fundamentales a la rápida expansión y el uso de la IA.
En la reunión, las presentaciones de ingenieros, abogados e investigadores universitarios se centraron en la huella ambiental y climática del proyecto. Plantearon inquietudes sobre las emisiones proyectadas de gases de efecto invernadero y sobre cómo los desarrolladores han citado órdenes ejecutivas del gobierno de Trump para respaldar su argumento sobre la asignación de los recursos hídricos. También se expresaron serias preocupaciones sobre los riesgos potenciales de implementar tecnologías impulsadas por IA no probadas, en particular su posible papel en el refuerzo de la marginación y la desigualdad por motivos raciales, incluyendo la atención médica, la actividad policial y las operaciones militares.
El foro público fue organizado por Fight Chihuahuan Desert Extraction (FCDX) (“Combatamos la extracción en el desierto de Chihuahua”), un grupo que se formó en resistencia al Proyecto Júpiter. Una de sus integrantes, Daisy Maldonado, se postula para comisionada del condado, un órgano de gobierno local responsable de tomar decisiones clave, entre ellas las relacionadas con las aprobaciones financieras, la zonificación y los permisos locales de uso del suelo. Durante su exitosa campaña en las primarias demócratas —en la que contó con el respaldo del senador Bernie Sanders—, Maldonado hizo de su oposición al Proyecto Júpiter el eje central de su plataforma, situándola en una crítica más amplia a las grandes empresas tecnológicas y a la influencia de las corporaciones.
Hablando con Maldonado al día siguiente del foro público sobre algunas de las razones por las que se oponía al Proyecto Júpiter, ella señaló que, a pesar de las promesas de los desarrolladores, se espera que el número de empleos permanentes creados tras la fase inicial de construcción sea limitado, y que muchos de esos puestos requerirían conocimientos especializados que actualmente no están disponibles en Santa Teresa. Maldonado explicó que el escepticismo seguía siendo tan alto porque los residentes habían escuchado promesas similares de desarrollo económico en el pasado, pero se habían decepcionado una y otra vez. Además de las graves preocupaciones ambientales y climáticas, agregó que muchos sienten que el proyecto se está imponiendo a la fuerza sin ninguna participación significativa de la comunidad, y describió el proceso como la “antítesis de la democracia”. Maldonado continuó diciendo que “es necesario detenerlo por completo antes de poder seguir adelante”, y expresó su apoyo a una moratoria nacional sobre los centros de datos de IA propuesta por el senador Bernie Sanders y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez.
Esperanza Chairez, directora de campañas políticas de Youth United for Climate Crisis Action (YUCCA) (“Juventud unida por la acción ante la crisis climática”) y miembro de FCDX, también cuestionó si los desarrolladores del Proyecto Júpiter seleccionaron intencionalmente a Santa Teresa por ser una localidad no incorporada con relativamente poca influencia política. Chairez sugirió que, en una región ya de por sí árida, los compromisos de los desarrolladores de invertir en infraestructura local podrían constituir un intento de desviar la atención de las preocupaciones de los residentes respecto del impacto potencial del proyecto sobre los recursos hídricos. Chairez considera que la falta de transparencia en torno al uso del agua y de la energía se suma a preocupaciones más generales sobre la limitada participación democrática en la rápida expansión de la tecnología de IA, temas que preocupan especialmente a los jóvenes, quienes serán los más afectados a largo plazo. “Creo que en este momento existe una consolidación entre la industria tecnológica y nuestro estado, a todos los niveles”, explicó Chairez, “…esta profunda colusión, esta concentración de poder tan preocupante, que no creo que la mayoría de los estadounidenses comunes y corrientes quiera ni considere para nada beneficiosa para ellos”.
La resistencia crece en todo Estados Unidos
La formación de grupos de resistencia en respuesta a los centros de datos de IA no es, de ninguna manera, algo exclusivo del condado de Doña Ana. De hecho, está ocurriendo en todo Estados Unidos. Actualmente hay 142 grupos de activistas en 24 estados que se están organizando para bloquear la construcción y expansión de centros de datos. Según una encuesta reciente, el 71 % de los estadounidenses se opone a la construcción de un centro de datos de IA en su zona, en comparación con el 53 % que dice que se opondría a la construcción de una central nuclear. Cuando se les pidió que dieran razones de su oposición, la respuesta más común fue la preocupación por el medio ambiente.
Una característica notable del movimiento de oposición en EE. UU. es que, en general, no se alinea claramente según divisiones partidarias. Tanto residentes como organizaciones de tendencia conservadora y progresista se oponen al desarrollo de centros de datos de IA. Estas coaliciones, que engloban movimientos indígenas, sindicatos y votantes desilusionados de Trump, habrían sido poco probables antes de la rápida expansión de los centros de datos de IA.
Entre los defensores más destacados de una regulación más estricta se encuentran Sanders y Ocasio-Cortez, quienes recientemente presentaron conjuntamente la Ley de Moratoria de Centros de Datos de IA. De aprobarse, la ley impondría una pausa inmediata en todo el desarrollo y la expansión de los centros de datos de IA. La ley expresa preocupaciones más amplias sobre la gobernanza y el uso de la IA, pero también demanda salvaguardias nacionales para evitar el aumento de los costos de los servicios públicos, un mayor daño a las comunidades, así como la degradación ambiental y el cambio climático. Numerosos consejos municipales ya han aprobado moratorias, mientras que Monterey Park se convirtió recientemente en la primera ciudad donde los propios residentes votaron de manera abrumadora a favor de prohibir los centros de datos de IA.
Sin embargo, hay poca evidencia de que la oposición a los centros de datos esté influyendo en las políticas de los gobiernos estaduales. La gobernadora de Maine, Janet Mills, vetó recientemente una prohibición de los centros de datos de IA para el estado. En Utah, el gobernador Spencer Cox ha sido un ferviente defensor del desarrollo de centros de datos de IA, argumentando que la infraestructura es fundamental para la seguridad nacional de EE. UU. En los estados de California y Nueva York, los gobernadores demócratas Gavin Newsom y Kathy Hochul también han sido destacados defensores de la infraestructura de IA. Newsom ha tratado de consolidar el liderazgo de California al vetar una ley clave sobre seguridad en IA, mientras que Hochul ha presentado propuestas para construir un clúster de supercomputadoras y ha buscado atraer a desarrolladores de IA al estado. Y en Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham apoyó el Proyecto Júpiter al firmar el memorando de entendimiento con los desarrolladores del proyecto, afirmando que “esta asociación innovadora consolida aún más nuestra reputación como líder nacional en manufactura avanzada y comercio global”.
Las implicaciones globales son una preocupación creciente
Mientras tanto, los niveles globales de CO₂ en la atmósfera rondan las 427 ppm. Los científicos estiman que alcanzar aproximadamente 350 ppm permitiría un sistema climático seguro y estable; sin embargo, las emisiones globales siguen avanzando en la dirección opuesta. A medida que nos acercamos a numerosos puntos de inflexión climáticos y aumenta el riesgo de cambios irreversibles, la rápida expansión de los centros de datos de IA se está convirtiendo en un símbolo contundente de un sistema que prioriza la ambición de las corporaciones y la aceleración tecnológica por encima del respeto a los límites ecológicos.
Investigadores de la Universidad de las Naciones Unidas estiman que, para 2030, la demanda de electricidad de los centros de datos de IA rondará los 945 TW, lo que representaría casi el 3 % del consumo eléctrico mundial proyectado. Esto agregaría 399 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalente a aproximadamente 6,7 mil millones de árboles que crecieran durante 10 años. La huella hídrica global de los centros de datos de IA se estima en 9,3 billones de litros, lo que equivale a las necesidades de agua para uso doméstico de 1,3 mil millones de personas en el África subsahariana.
Es difícil imaginar cómo podría obtenerse, a corto o mediano plazo, la energía necesaria para los centros de datos de IA a partir de fuentes renovables. Los centros de datos de IA necesitan enormes cantidades de energía de inmediato, y ampliar el suministro de energía renovable suele llevar mucho más tiempo. Otras iniciativas para reducir el impacto ambiental y climático incluyen los centros de datos orbitales, aunque incluso los líderes tecnológicos más optimistas admiten que esto aún tardaría algún tiempo en materializarse.
Si bien más del 90 % de los centros de datos de IA se encuentran actualmente en Estados Unidos y China, se prevé un crecimiento futuro en el Sur Global. Otra consideración importante es que los materiales necesarios para construir esta infraestructura dependen de cadenas de suministro globales, muchas de las cuales obtienen minerales y materias primas de países del Sur Global (incluidos el aluminio, el cobre, el litio y otros). Esta expansión corre el riesgo de reforzar los patrones extractivos existentes, al tiempo que intensifica la agresión imperial por los recursos y contribuye a las tensiones y conflictos geopolíticos.
La rápida expansión global de los centros de datos de IA ha generado desafíos que trascienden las fronteras nacionales, lo que subraya la necesidad de la cooperación internacional. Aunque las Naciones Unidas han establecido un Órgano Asesor de Alto Nivel sobre IA para orientar las decisiones de gobernanza y promover la colaboración, su mandato sigue centrado en gran medida en cuestiones de política y supervisión. Los impactos ambientales y climáticos asociados al crecimiento de la infraestructura de IA aún no han recibido una atención comparable. Al mismo tiempo, las crecientes tensiones geopolíticas plantean dudas sobre las perspectivas de una coordinación y regulación internacionales significativas de la IA en beneficio del interés público.
Cómo responder a la expansión aparentemente imparable de la IA
No hay duda de que el uso selectivo y crítico de la IA puede ser extremadamente valioso en ciertas aplicaciones. Sin embargo, muchos se preguntan de dónde podría surgir una regulación que imponga límites significativos a la expansión desenfrenada de la IA. La velocidad y el alcance de la implementación de la IA son abrumadores. Sus consecuencias sociales, ambientales y económicas siguen siendo completamente inciertas, mientras que el poder de las empresas que impulsan esta transformación carece en gran medida de control. Existe una creciente sensación de impotencia ante la influencia de las grandes empresas tecnológicas, reforzada por gobiernos que a menudo están más alineados con los intereses de las corporaciones que con lo público que representan.
Sin embargo, este momento también pone al descubierto algunas de las desigualdades que definen nuestra época. Así como los centros de datos de IA hacen visible una infraestructura antes invisible, también exponen realidades estructurales más profundas. La limitada rendición de cuentas de los ultra-ricos, la relación cada vez más estrecha entre el poder económico y el político, y las formas en que las tecnologías emergentes, en general, refuerzan las fuerzas autoritarias más que las democráticas.
Lo que se vuelve evidente es la convergencia de las políticas ambiental, climática y de clase. Y aquí radica una gran oportunidad, que ya ha revitalizado la participación ciudadana en las reuniones de los consejos municipales, los foros públicos sobre el presupuesto y las audiencias de zonificación, que atraen a un gran número de residentes preocupados. Los conflictos en torno a la infraestructura de IA no se limitan al consumo de energía o a las emisiones, ni a quién carga con el costo o a quién le corresponde definir el futuro de los desarrollos económicos. El potencial de nuevas formas de resistencia democrática y de acción colectiva frente a estos desafíos es real.
Traducción al castellano: Guillermo Iturbide
Fuente https://www.rosalux.de/es/news/id/55249/el-costo-ambiental-de-la-inteligencia-artificial