Dada la coyuntura actual, los derechos humanos se presentan, como referente pertinente y guía, para responder al desafío que vivimos. El acceso a la información es un aspecto fundamental del derecho a la salud.
En cualquier contexto donde el derecho a la vida, fundamental y no derogable, esté en juego, la información toma un aspecto absolutamente crítico y determinante. La inhabilitación de los derechos, en una coyuntura como la actual, crea un ambiente de inestabilidad social que puede tener un impacto en la preservación de la salud física o psicológica de las personas. Es más que nunca necesario enfatizar en la calidad y la verosimilitud de la información, así como en una concurrente transparencia. Al contrario, hemos presenciado cómo en muchos de nuestros países se ha fallado o demorado hacia un correcto tratamiento mediático, y en algunos casos completamente ignorada una perspectiva de derechos humanos para con la información.
En un comunicado reciente, con motivo de la pandemia de COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió en que “[l]a salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad”.
El derecho de acceso a la información cumple una función instrumental esencial para el ejercicio de todos los demás derechos. Asistimos a un despliegue de autoritarismo y militarismo en muchos estados, desinformación frecuente, intentos y estrategias de manipulación masiva, atentados graves y violaciones de derechos humanos, corrupción y un recrudecimiento del neoliberalismo, que desencadena en alarmismo y caos social. Algunos de nuestros países no cuentan con instancias locales de defensa ni denuncia, lo cual imposibilita el debido proceso y las posibilidades de que se concrete el derecho de acceso a la información y con él, se vulneran los demás derechos. Algunos gobiernos en la región han aprovechado la coyuntura inclusive, para realizar cambios no favorables a políticas y para perseguir periodistas y/o defensores de derechos humanos.
Los estados tienen la obligación de utilizar mecanismos de educación, promoción y participación directa de las comunidades y actores de todos los sectores, pero especialmente de la sociedad civil para asegurar el acceso a la información. También tienen el deber de explicar sus decisiones políticas. La participación es vital a la hora de garantizar la gradual concreción de todos los derechos a través del derecho a la información y comunicación. Recordemos que “el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas”. 
La Relatoría Especial para la Libertad Expresión (CIDH) destacó que “cualquier intento de penalizar información sobre la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener efecto silenciador en la libertad de expresión”. Es indispensable que un momento como el que vivimos, exista una participación reiterada de comunicadores especializados en salud y ciencia, así como con perspectiva de derechos humanos. Los medios comerciales y gobiernos deben abstenerse de presentar figuras públicas para comentar sin base científica, verificada y fidedigna, creando solo más desconcierto y desinformación entre las audiencias. Todo ánimo de espectacularización y el valerse de esta situación de vulnerabilidad para buscar reconocimientos, posicionamientos o votos, con la preservación de la vida, además de obstaculizar e impedir el correcto flujo de información necesaria, incurre en un acto en definitiva antiético.
Ni el coronavirus, ni el derecho a la salud son un producto comercial a ser vendido. A pesar de que uno de los grandes ganadores en esta crisis han sido las empresas de medios, la búsqueda de la primicia informativa, o el rating, y su interés comercial, no puede primar. La generación de discurso debe estar a la altura del desafío al que nos enfrentamos. Debe haber una correcta diferencia y señalamiento entre los espacios comerciales y los informativos, y no intentar confundirlos con fines de lucro. Se deben diversificar las programaciones de los medios de comunicación ante estas situaciones, siendo creativas para acompañar y contribuir con mensajes que busquen ayudar a las comunidades a resistir, absorber, adaptarse y recuperarse, volviéndose así más resilientes. Los ciudadanos deben poder exigir estos cambios para fortalecer la esfera social y el acceso oportuno a la información necesaria y vital.
Como ciudadanos, tenemos mucho en juego, en términos de derechos humanos, ante lo que debemos prestar atención. Debe haber una colaboración y participación en todas las esferas para proponer y difundir soluciones encargadas de encaminar alternativas para fortalecer nuestras comunidades, asumiendo las lecciones aprendidas. Para acceder a superar esta coyuntura, logrando a su vez ampliar el acceso a la información, el derecho la salud y la concreción de los derechos humanos.
Comunicado: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1170&lID=2
*Comunicadora social.