En la entrega anterior, proyecté los  avances del país en transparencia presupuestaria en los municipios y a nivel nacional. Ahora, esbozaré algunos avances de la participación en el marco constitucional-legal.

Las organizaciones sociales de Santiago, al congregarse en el primer “Foro Regional por la participación social en la formulación del presupuesto 2020”, se basaron en el marco legal nacional.  Al disparar el “tripletazo” con las bases llenas, invitan al Presidente Danilo Medina  y al gobierno a poner en práctica la Carta Magna y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Asimismo, recordaron que el International Budget Partnership (IBP) en su último informe de la Encuesta de Presupuesto Abierto le recomendó al gobierno adoptar medidas para mejorar la participación de la ciudadanía en el proceso presupuestario. Más de un año ha transcurrido desde que se entregó el citado informe al gobierno dominicano.

Entre las encomiendas concretas del informe a República Dominicana para mejorar la participación de la ciudadanía en el proceso presupuestario. Sugiere “a) Implementar pilotos de mecanismos para los miembros del público y los funcionarios del ejecutivo para intercambiar opiniones sobre cuestiones del presupuesto nacional durante la formulación del mismo y el monitoreo de su implementación; b) Mantener audiencias legislativas sobre la formulación del presupuesto anual, durante las que pueda testificar cualquier miembro del público o de las organizaciones de la sociedad civil”.

Las organizaciones sociales de Santiago, llevan más de un año esperando que el Presidente asuma los encargos del IBP al gobierno. De tanto hacer cola se cansaron. De ahí el Foro, para recalcar al gobierno dominicano que debe abrir las puertas a la participación de la ciudadanía en la formulación del presupuesto nacional. Los comunitarios aclaran, que la inclusión se ajusta a las buenas prácticas internacionales y a las disposiciones de la Constitución de la República y las leyes nacionales. Es el caso de la “Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.

La Constitución establece en su artículo 22.- los derechos de ciudadanía. El numeral 3, dice que los ciudadanos tienen derecho a “Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”. El numeral 4 consagra el derecho de petición. “4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto”.

El Manifiesto que suscriben decenas de organizaciones de mujeres, comunitarias, estudiantiles y no gubernamentales, se ampara en el numeral 4, del artículo 22 de la Ley Sustantiva de la Nación. Además, apela a la “Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”, que proyecta el desarrollo del país al 2030 con la participación de todos los sectores nacionales.

Visto como una información veraz, los grupos santiagueros se amparan con el manifiesto, en el artículo 49 de la Constitución que consagra la “Libertad de expresión e información”. Dice el artículo, “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.

En el mismo orden, es la misma Carta Magna, la que dispone los “Presupuestos participativos” en su artículo 206. El texto establece, “La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.

De los mandatos constitucionales, se desprenden varias leyes adjetivas sobre municipio, medio ambiente, educación y planificación, cuya reseña es imposible por la limitación del espacio. 

¿Qué espera el Presidente Danilo Medina para poner en marcha un plan piloto con la formulación del Presupuesto Nacional del año 2020 con la participación de los ciudadanos?

¿Acaso el Presidente cree que impulsar esa iniciativa no le rendiría beneficios en su proyecto político futuro?, muy por el contrario, diría yo.

Si el Presidente Danilo Medina escucha el clamor santiaguero, podría convertirse en el primer mandatario de la región en promover la participación ciudadana en el presupuesto general del Estado. Por añadidura, este también sería su gran legado histórico a la democracia dominicana.

Si así lo dispone el Presidente Danilo Medina, las organizaciones proponentes tienen capacidad sobrada para asumir la dirección metodológica del plan piloto y están dispuestas a hacerlo.