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Opinión | Amy Goodman y Denis Moynihan:

Entre 1999 y 2017, alrededor de 700.000 personas murieron por sobredosis de droga en Estados unidos. Más de dos tercios de esas muertes fueron consecuencia de los opioides.

Esta semana, el estado de Oklahoma logró un acuerdo histórico de 270 millones de dólares en un juicio contra uno de los fabricantes de opioides recetados más grandes del mundo, Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler. Si bien el nombre de la familia Sackler no figura en los frascos de pastillas de Purdue, sí se luce en prestigiosos museos e instituciones académicas de todo el mundo. Las agresivas campañas de marketing de los productos de Purdue, entre los que se incluye su fármaco adictivo, el OxyContin, generaron ganancias de miles de millones de dólares para los Sackler, una parte de las cuales fueron donadas al Museo Metropolitano de Arte y al Museo Guggenheim de Nueva York, así como a los museos Tate de Londres. Ahora la tendencia está cambiando, en parte gracias a acciones legales como la de Oklahoma y a campañas de protesta creativa en algunos de los museos financiados por los Sackler. Los juicios contra Purdue y los Sackler ya suman casi 2.000.

Mientras tanto, la epidemia de opioides sigue en aumento. Comenzó con los opioides recetados como el analgésico OxyContin para extenderse a la heroína y ahora al fentanilo. La epidemia no conoce fronteras y afecta a las personas de todas las clases sociales y etnias. Pero, tal como señalan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, dos de los principales factores de riesgo para generar una adicción a los opiáceos, y potencialmente morir de sobredosis, es vivir en una zona rural y estar bajo la línea de pobreza. Las reservas de indígenas estadounidenses presentan ambos factores. Por lo tanto, no es de extrañar que la epidemia de opioides haya afectado particularmente a las poblaciones indígenas.

Democracy Now! entrevistó a Stacy Bohlen, integrante de la tribu Sault Ste. Marie del pueblo Chippewa y directora ejecutiva de la Junta Nacional Indígena de Salud, quien expresó: “Creo que la principal enfermedad que sufre nuestro pueblo es el anonimato, o la invisibilidad. Se observan poblaciones muy vulnerables, sistemas de salud muy vulnerables, que reciben fondos por debajo del 50% de lo necesario”.

Según los CDC, las sobredosis por drogas —recetadas o no— en la población de indígenas en Norteamérica y Alaska aumentaron en un 519% entre 1999 y 2015, más del doble del promedio nacional de Estados Unidos. Incluso es probable que esa cifra sea demasiado baja, ya que las personas de la comunidad indígena a menudo están mal categorizadas étnica o racialmente.

La tribu Oglala Lakota Sioux de Pine Ridge, Dakota del Sur, presentó una demanda federal contra Purdue Pharma y varios fabricantes de opioides más. Las prácticas comerciales engañosas y deshonestas que se detallan en la demanda son asombrosas y recuerdan las tácticas utilizadas por la industria tabacalera para engañar al público sobre los daños causados ​​por los cigarrillos. La demanda alega que Purdue y las otras empresas “intencionalmente inundaron el mercado con opioides y se embolsaron miles de millones de dólares en el proceso”, en reiteradas ocasiones haciendo “declaraciones falsas diseñadas para persuadir a médicos y pacientes de que los opioides recetados presentaban bajo riesgo de adicción”.

El abogado Brendan Johnson, que representa a los Oglala Sioux de la reserva de Pine Ridge y otras reservas más, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Esta amenaza para las comunidades tribales de Estados Unidos, no solo en Dakota del Sur, es realmente existencial. Estamos hablando de algunas de las economías más deterioradas del país, donde se observan tasas de desempleo del 80%. Lo que es diferente en este caso es que las tribus tienen un lugar en la mesa de negociación y han sido muy agresivas en sus reclamos, porque demasiadas veces el estado y los fiscales generales del estado se olvidan de las comunidades tribales. Pero eso no sucederá en este caso”.

Mientras este caso y cerca de otros 2.000 casos más se abren paso en los tribunales, la población está tomando medidas contra Purdue Pharma. Artistas y activistas de la ciudad de Nueva York ocuparon la famosa rampa en espiral del Museo Guggenheim, desde donde lanzaron hacia el amplio hall miles de páginas de prescripciones médicas falsas con mensajes críticos hacia los Sackler. La acción se inspiró en una declaración de la década de 1990 del copropietario de Purdue Richard Sackler, que dijo que el lanzamiento de OxyContin sería “seguido de una ráfaga de recetas que enterraría a la competencia”.

La fotógrafa Nan Goldin, una de las organizadoras de las protestas y también antigua víctima de la adicción al OxyContin, luego de que se anunciaran los detalles del acuerdo legal de Oklahoma publicó en Twitter: “Hoy, la familia Sackler pagó 75 millones de dólares en el marco del acuerdo con Oklahoma, lo que admite su culpabilidad. Por cierto, eso es solo el 0,2% de los 35.000 millones de dólares en ganancias que obtuvieron por el OxyContin”. A la fecha, los museos Guggenheim y Tate, así como la Galería Nacional de Retratos de Gran Bretaña, han dejado de aceptar los fondos familiares de los Sackler, y otras instituciones están considerando hacer lo mismo.

A medida que el apellido Sackler es retirado de las instituciones artísticas de élite y aparece con mayor frecuencia en los procesos judiciales, esta familia ahora debe responder por los estragos de la epidemia de opioides de la que tanto se benefició. El anonimato del que gozó al estar escondida detrás de Purdue Pharma debe terminar. Pero el anonimato de sus víctimas también debe terminar: aquellos que han muerto y aquellos que, adictos a los opioides, todavía luchan por sobrevivir.