La comunicación social forma parte integral de la vida contemporánea. Gracias a las nuevas tecnologías, las noticias fluyen con más libertad: cualquier portador de un teléfono inteligente puede convertirse en periodista casero y por esta vía, cuando es necesario, reclamar públicamente sus derechos ejerciendo más activamente la ciudadanía.
Sin embargo, el fenómeno de la multiplicación de fuentes noticiosas trae como resultado una inusitada fragmentación de la información, tornando más difícil el conocimiento de la verdad. Este fenómeno se conoce hoy día como el problema de la posverdad.
Se ha dicho, con razón, que la vida en democracia implica la pluralidad de puntos de vista. Pero esta pluralidad, necesaria para la vida social contemporánea, puede degenerar en confusión generalizada debido a las características peculiares del nuevo fenómeno comunicativo. Como resultado del ruido producido por las redes virtuales, los diversos emisores de información se esforzarán por utilizar de manera cada vez más eficiente los nuevos medios comunicativos que le aseguran un lugar privilegiado en el areópago virtual. Por tal razón, más que nunca, en el día de hoy, la comunicación social se ha convertido en un tema netamente político, es decir, en un tema de ejercicio ciudadano del poder o «gobernanza» (recordemos que el ejercicio del poder en lo público se dice en griego kratós, de donde viene democracia o gobierno del pueblo). Sobre este tema se reflexionó en el análisis de coyuntura del Centro Montalvo el sábado primero de septiembre de 2018. Aquí se comparten algunas de las consideraciones que allí se hicieron.
Democracia y desigualdad social
En una sociedad muy desigual como lo es la dominicana, no todos acceden al poder de la comunicación en las mismas condiciones. El gobierno y el gran empresariado utilizan la comunicación de un modo más efectivo y masivo que las organizaciones civiles y los ciudadanos de a pie. La razón es obvia: tienen más poder y cuentan con más recursos financieros, y los utilizan para sus intereses. Por esta razón, la comunicación social se ha convertido hoy en el tema por excelencia de la vida democrática. Esto explica que figuras como el brasileño João Santana y asesores especiales de comunicación venidos del extranjero (en el caso dominicano, especialmente de España, por razones lingüísticas asociadas a la colonialidad del poder) formen parte clave del gobierno. Explica también la importancia que hoy tienen oficinas especializadas, dedicadas al manejo estratégico de la información pública.
Ahora bien, no siempre estos asesores de comunicación social responden al esclarecimiento de la verdad ni apuestan por reforzar las organizaciones civiles. Su propósito fundamental es posicionar una imagen amable del gobierno frente al mar impredecible de noticias provenientes de cualquier lugar social. Por esta razón, el trabajo de estos especialistas en comunicación acaba sirviendo a la hegemonía partidaria, afectando la calidad de la democracia (si por democracia se sigue entendiendo lo que significa la palabra, «poder del pueblo», no triunfo electoral iluminado por encuestas de opinión y aceitado por los programas asistenciales diseñados por las políticas neoliberales). Así, los potentes recursos del Estado se ponen al servicio de una imagen de la realidad deseada, no de la realidad social con toda su conflictividad y sus fracturas.
Un número del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia resume en pocas palabras todo el desafío que entraña el uso democrático de los medios de comunicación convencionales en sociedades desiguales. Los medios de comunicación convencionales (prensa escrita, radio y televisión) siguen teniendo un valor decisivo en el ejercicio del poder, pues cuentan aún con más credibilidad que las redes virtuales. Así dice el texto:
En el mundo de los medios de comunicación social las dificultades intrínsecas de la comunicación frecuentemente se agigantan a causa de la ideología, del deseo de ganancia y de control político, de las rivalidades y conflictos entre grupos, y otros males sociales. Los valores y principios morales valen también para el sector de las comunicaciones sociales: « La dimensión ética no sólo atañe al contenido de la comunicación (el mensaje) y al proceso de comunicación (cómo se realiza la comunicación), sino también a cuestiones fundamentales, estructurales y sistemáticas, que a menudo incluyen múltiples asuntos de política acerca de la distribución de tecnología y productos de alta calidad (¿quién será rico y quién pobre en información?)». Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, núm. 416.
A la luz del evangelio y del magisterio eclesial, queda claro que la comunicación social tiene que ver también con la opción preferencial por los pobres. La ideología de la llamada «sociedad de la información» queda desmentida. El acceso a la información y los medios de difusión de ideas nunca es simétrico. Los medios de comunicación no cumplirán su función de manera democrática si al mismo tiempo no se trabaja por la inclusión social, militando contra las diversas formas de exclusión que, en el caso dominicano, provienen de las estructuras coloniales.
Algunas especificidades latinoamericanas en República Dominicana
La República Dominicana comparte muchos desafíos con el resto de América Latina en el tema que nos ocupa. Existen además algunos desafíos específicos.
El primer desafío que sobre libertad de opinión y prensa enfrenta República Dominicana en estos momentos es la actualización de la ley 61-32 de «expresión y difusión del pensamiento». Este es un desafío específico. La nueva ley deberá tomar en cuenta dos aspectos cruciales: primero, regular, sin sofocar, los nuevos medios de comunicación digital, especialmente las redes virtuales; segundo, integrar de manera transversal la concepción del Estado que se encuentra en el nuevo texto constitucional de 2010, el cual define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho (art. 7). Esta definición pone como tarea principal de la asociación política la protección del derecho de las personas y, por este medio, el ayudarlas a realizar plenamente sus vidas (art. 8). Consonante con estos principios, el artículo 49 establece que toda persona tiene derecho a expresar su pensamiento sin censura previa (naturalmente, otra cosa es la censura posterior) y a acceder a la información que tiene carácter público. Este artículo establece además que los medios de comunicación tienen derecho a la información de las fuentes oficiales. Todo lo anterior se debe hacer en el marco que establecerá la ley. Desgraciadamente, existe una generalizada sensación de que las oficinas de información gubernamental funcionan más como departamentos de relaciones públicas que como verdaderas fuentes de información y de construcción del poder ciudadano. El affaire conocido como «los papeles de Faride» en torno al caso Odebrecht y la central eléctrica de Punta Catalina lo puso de manifiesto.
El otro desafío que se debe enfrentar tiene que ver con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Según la comunicadora e investigadora Riamny Méndez, los estudios sobre el tema no llegan a conclusiones unilaterales. No siempre el oligopolio de los medios de comunicación se traduce en censura de la información pública. Sin embargo, como parte de una estrategia económica corporativa, la acumulación de medios de comunicación por grandes grupos empresariales está orientada a cubrir las propias artimañas en los negocios y a garantizar poder de negociación ante el gobierno, sobre todo en temas impositivos, aduanales y, cuando sea necesario, en temas electorales.
Estas investigaciones nos llevan además a desmentir el mito de que las redes virtuales constituyen el poder de los sectores ciudadanos. Los grupos de poder usan de manera mucho más sofisticada estos medios virtuales gracias al estudio sopesado de tendencias en las preferencias de las personas a través de algoritmos. La llamada web 4.0 está siendo utilizada incluso para condicionar nuestras elecciones, dándonos la impresión de que estamos actuando en libertad. En el mundo virtual de la comunicación no solo queda intacta la desigualdad de acceso a los medios de comunicación, sino que se ve refinada y astutamente reforzada.
Por último, existe el problema de la crisis de la profesión periodística y de su organización sindical. Ambos sufren especialmente por dos motivos. En primer lugar, sufren por la proletarización. Los grandes grupos económicos pagan miserablemente a la mayoría de los periodistas dominicanos. Estos se ven obligados entonces a completar sus ingresos sirviendo de comunicadores del gobierno o empleándose en oficinas de relaciones públicas del Estado. En segundo lugar, sufren por la falta de valorización de la profesión como tal. La idea de un periodismo libre, que nace de una investigación paciente y concienzuda, está en decadencia. Muchos periodistas dominicanos se limitan a copiar o parafrasear las notas de prensa que le entregan los sujetos de sus noticias. Aunque los panelistas no abundaron en las razones de esta decadencia interna de la profesión, podría aventurarse una explicación que se aplica a cualquier ámbito profesional contemporáneo: los roles sociales se «licúan» ante el hedonismo generalizado por la sociedad posfordista contemporánea. O dicho en términos informales, las personas deseamos vivir sin complicaciones con quienes queremos, ganar buenas sumas de dinero trabajando lo menos posible y consumir sin cortapisas los productos agradables del mercado global.
Horizonte del trabajo por hacer
Estas reflexiones nos muestran que hay mucho trabajo por hacer para que el mundo contemporáneo de la comunicación social esté realmente al servicio de una vida democrática de calidad. Esto implicará, independientemente de lo que se haga en términos técnicos, que la misma ciudadanía se empodere y ejerza responsablemente sus derechos.
Otro número del Compendio de la Doctrina social resume el trabajo que tenemos entre manos con estas palabras:
Los medios de comunicación social se deben utilizar para edificar y sostener la comunidad humana, en los diversos sectores, económico, político, cultural, educativo, religioso: « La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad».
La cuestión esencial en este ámbito es si el actual sistema informativo contribuye a hacer a la persona humana realmente mejor, es decir, más madura espiritualmente, más consciente de su dignidad humana, más responsable, más abierta a los demás, en particular a los más necesitados y a los más débiles. Otro aspecto de gran importancia es la necesidad de que las nuevas tecnologías respeten las legítimas diferencias culturales». Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, núm. 415.
Podemos resumir esta bella e ingente tarea en un lema: «Trabajemos y exijamos una comunicación social que nos enseñe y ayude a ejercer razonablemente nuestros derechos constitucionalmente consagrados con un espíritu intercultural». ADH 827