La República Dominicana enfrenta en los próximos años un conjunto de desafíos decisivos para consolidar su desarrollo: elevar la calidad del gasto público, reducir la vulnerabilidad frente al endeudamiento, mejorar la equidad social, fortalecer la institucionalidad económica y aumentar la capacidad del Estado para invertir de manera sostenida en educación, salud e infraestructura.

En el centro de estas necesidades se encuentra una tarea ineludible: modernizar y fortalecer el sistema tributario para dotar al país de una base fiscal más sólida, justa y sostenible.

Es innegable que, durante las últimas décadas, la República Dominicana ha exhibido una de las trayectorias de crecimiento económico más dinámicas de América Latina. Sin embargo, tras la solidez de los indicadores macroeconómicos se esconde un desafío estructural que amenaza la sostenibilidad de ese progreso: la creciente tensión entre las necesidades de financiamiento del desarrollo y el peso cada vez mayor de las obligaciones financieras sobre el presupuesto nacional.

El problema fiscal: cifras que no pueden ignorarse
Según datos oficiales, a julio de 2025 la deuda pública consolidada de la República Dominicana alcanzó aproximadamente US$ 76,764 millones, equivalentes al 58.9 % del Producto Interno Bruto (PIB). De ese total, unos US$ 60,885 millones corresponden al Sector Público No Financiero (SPNF) —es decir, el núcleo presupuestario del Estado— y alrededor de US$ 15,879 millones al Banco Central.

Este nivel de endeudamiento sitúa al país en el umbral superior de lo que suele considerarse sostenible para economías emergentes, con implicaciones directas sobre la percepción de riesgo y el costo del financiamiento externo.

La situación se agrava al observar el peso del servicio de la deuda. Solo en el primer semestre de 2025, los pagos por intereses, amortizaciones y transferencias asociadas totalizaron cerca de RD$ 296,996 millones, lo que representó el 48 % de los ingresos tributarios y más del 42 % del gasto público en ese período.

En términos simples: casi la mitad de lo que recauda el Estado se destina a honrar compromisos financieros, antes de poder invertir en educación, salud o infraestructura productiva. Este estrechamiento del espacio presupuestario limita la capacidad del Gobierno para impulsar las áreas que realmente determinan la productividad y el bienestar de la población.

El desafío de la recaudación

La presión tributaria dominicana —los ingresos fiscales como proporción del PIB— sigue siendo reducida en comparación con economías de similar nivel de desarrollo. Aunque ha mostrado mejoras graduales, aún se sitúa en torno al 15 % del PIB, muy por debajo de países de la región que superan el 20 % e incluso el 25 %.

En este contexto, la reforma fiscal deja de ser una opción política y se convierte en una necesidad económica ineludible. Para generar un espacio fiscal que permita financiar inversión productiva y políticas sociales sin aumentar el endeudamiento, diversos análisis coinciden en que sería necesario elevar la recaudación en al menos un 2 % del PIB anual, es decir, unos US$ 2,400 a 2,500 millones adicionales.

Ese incremento no debe provenir de una mayor carga sobre los sectores de ingresos medios o bajos, sino de una recomposición estructural del sistema tributario. Ello implica introducir un impuesto progresivo sobre grandes patrimonios, aplicar gravámenes más efectivos sobre rentas de capital y dividendos elevados, y establecer esquemas de tributación adecuados para las actividades de la llamada economía supermoderna —plataformas digitales, servicios fintech y comercio electrónico— que hoy operan con marcos fiscales insuficientes o desactualizados.

Paralelamente, el fortalecimiento de la administración tributaria y el combate decidido contra la evasión permitirían ampliar la base contributiva y mejorar la equidad del sistema, garantizando recursos adicionales para inversión pública y políticas sociales sin menoscabar la competitividad de los sectores estratégicos.

El gasto tributario y la racionalización de exoneraciones

Otro elemento central del problema fiscal es el llamado gasto tributario, es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir debido a exenciones y regímenes especiales. Para 2026, se estima que estas renuncias fiscales ascenderán a RD$ 393,541 millones, equivalentes a 4.54 % del PIB.

Se trata de una magnitud que, en algunos años, supera incluso el déficit fiscal proyectado. Si bien muchas exenciones surgieron para incentivar inversión y empleo, la realidad es que no todas mantienen hoy una justificación económica sólida.

Una reforma responsable debe establecer que los incentivos sean temporales, evaluables y condicionados a resultados verificables. Aquellos sectores maduros o con alta rentabilidad que ya no requieren estímulos fiscales deberían transitar gradualmente hacia un régimen tributario pleno, mientras que los incentivos restantes deben concentrarse en actividades con claro impacto social, innovación tecnológica o desarrollo territorial equilibrado.

Propuesta integral de reforma tributaria

La reforma tributaria que el país necesita debe concebirse como una política de Estado orientada a la equidad y la sostenibilidad. Esto implica que contribuyan más quienes poseen mayores ingresos y patrimonio, que las rentas de capital tributen de forma coherente con su capacidad contributiva y que las nuevas formas de generación de riqueza digital no permanezcan al margen del sistema.

Al mismo tiempo, la racionalización de exenciones permitiría ampliar la base tributaria sin elevar indiscriminadamente las tasas generales. En conjunto, estas medidas podrían generar recursos adicionales cercanos al 2 % del PIB, destinados a fortalecer la infraestructura, la protección social, la educación y la salud, pilares fundamentales para sostener el crecimiento a largo plazo.

Concluyendo, la reforma fiscal no debe entenderse como un simple ejercicio recaudatorio, sino como una herramienta estratégica para transformar crecimiento en desarrollo sostenible y compartido. Al reducir la dependencia del endeudamiento, mejorar la equidad del sistema tributario y asegurar financiamiento estable para la inversión social y productiva, el país fortalece sus bases económicas y su cohesión social.

En definitiva, una reforma tributaria integral, progresiva y técnicamente bien diseñada es la condición indispensable para que la República Dominicana consolide un modelo de desarrollo más justo, resiliente y duradero.