Nuestro país, la hermosa República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, históricamente caracterizada por la personalidad jovial, solidaria, desinteresada, acogedora, alegre, optimista y muchísimos calificativos positivos más, que por lo regular nos han definido como ciudadanos dominicanos, en los últimos años se han visto empañados por cambios repentinos de personalidad y actitud ante la vida, que de manera general, se ha vuelto muy visible en el comportamiento que se exhibe, no solo a lo interno de la convivencia familiar, sino también, en la avenencia del compartir en el día a día del entorno social.
Estas actitudes y comportamientos, que en casos escalan a lo agresivo, violento, provocación y desafío ante todas las reglas que garantizan el respeto al derecho ajeno, la convivencia y en suma, la paz social, generan ambientes en que los ciudadanos se sienten en necesidad de andar protegidos, desarrollando barreras de autodefensa que limitan la comunicación, así como la resolución alternativa de conflictos, con la comunicación/conversación como base para resolver las desavenencias, desacuerdos, imprevistos y confusiones.
Para vivir este fenómeno, que bien con el pasar de los años, ha experimentado un crecimiento preocupante y que impacta profundamente la sociedad, no hay que irse muy lejos. Vasta con movilizarse por las caóticas calles de nuestra ciudad y en la acción, detenernos a observar como de manera desafiante y sin el más mínimo pudor y respeto a la autoridad, muchos conductores rompen las reglas sin temor, se cruzan las vías en rojo, poniendo en peligro la vida suya y de los demás, violentando derechos de otros ciudadanos que, en algunos casos, no pueden controlar la furia, ira y frustración que genera la vulneración de sus derechos, en sus propias narices.
Este acontecimiento, que, debido a las estadísticas de incidencia, se ha convertido en un mal social, abarca desde la violencia callejera hasta la violencia doméstica y plantea desafíos significativos para nuestro país caribeño, lo cual requiere una atención desde todos los sectores que componen la estructura social.
Uno de los principales factores que contribuyen a este aumento de la violencia es la desigualdad socioeconómica. Muchas comunidades marginadas aún enfrentan dificultades económicas y sociales, lo que aumenta la frustración y la probabilidad de recurrir a la violencia como medio de expresión o supervivencia.
La falta de oportunidades educativas y laborales también juega un papel importante en este problema. El desempleo juvenil y un sistema educativo que no siempre logra cumplir las expectativas de la juventud y sociedad en términos de formación y capacitación, para lograr la inserción en el mercado laboral, hace que muchos se sienten desesperanzados y alienados, lo que los hace más propensos a involucrarse en actividades delictivas y violentas.
Otro factor que no se puede pasar por alto es la influencia de las pandillas y el crimen organizado. Estas organizaciones suelen reclutar a jóvenes vulnerables ofreciéndoles una sensación de pertenencia y protección, pero a cambio exigen lealtad y participación en actividades delictivas, lo que perpetúa un ciclo de violencia y criminalidad.
La cultura de la violencia también desempeña un papel significativo en este panorama. La glorificación y proliferación de la violencia en los medios de comunicación y la música, así como la normalización de comportamientos agresivos en la vida cotidiana, contribuyen a crear un ambiente en el que la violencia se percibe a veces como algo aceptable o incluso deseable para resolver las situaciones.
Para abordar eficazmente este problema, es crucial que el gobierno y la sociedad trabajen juntos en varias áreas clave. En primer lugar, se debe invertir más en programas de prevención de la violencia que se centren en proporcionar alternativas positivas a los jóvenes en riesgo y en abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, además, se deben fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y mejorar el acceso a la justicia para garantizar que los responsables de cometer actos violentos sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban el apoyo necesario.
Ante todo, lo mencionado, es fundamental que en nuestro país se asuma liderazgo para atender esta nueva realidad social, y para ello se requiere, el diseño de políticas públicas donde se promueva la cultura de paz, resolución alternativa de conflictos y mediación, aplicada desde los hogares, centros educativos y lugares de participación social, como estrategias para enfrentar este detonante social, realidad de la cual no hay dominicano que escape.
Como país y sociedad civilizado, para poder avanzar, crecer y desarrollarnos, necesitamos dominar nuestros comportamientos y actitudes, reducir esta tendencia que nos perjudica, ya que esta es la única forma en que podemos trascender y generar valor, para producir bienestar social, que al final redunda en mejor calidad de vida, lo cual no es únicamente responsabilidad del Estado, sino también de todos nosotros los ciudadanos/as.