La Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau (REDH-JV), insiste en que las autoridades migratoria deben dar una moratoria y facilidades a los trabajadores inmigrantes que acudieron al Plan Nacional de regularización de Extranjeros (PNRE) a los fines que puedan renovar sus permisos de trabajo y estadía, y así no ser expulsados.
Creemos que esta petición cabe perfectamente en marco de la racionalidad y la legalidad que han ofertado las autoridades para realizar las expulsiones.
La REDH-JV, tiene a bien denunciar la caótica situación que está generando la reanudación de las detenciones y deportaciones de trabajadores migratorios hacia Haití, en varias comunidades de las provincias de Barahona, Bahoruco, Neyba, Independencia y otras comunidades de la región sur del país. En las últimas semanas se ha producido detenciones de trabajadores inmigrantes, aun provistos de Carnet del PNRE, los cuales han sido expulsados hacia Haití, sin darle la oportunidad de renovar los documentos que obtuvieron a base de muchos sacrificios en el PNRE.
Los agentes de control migratorios de la Dirección General de Migración y miembros del Ejercito de la Republica Dominicana que acompañan hacen las detenciones sin la aplicación de protocolo sanitario para prevenir contagios por el Covid-19 entre los expulsados.
La REDH-JV advierte sobre el riesgo de contagio que podría afectar a las personas que están siendo expulsadas. Además, consideramos que, a los portadores de Carnet del Plan, se le debe conceder la oportunidad de permanecer en territorio dominicano, mientras gestione la renovación de su carnet del Plan de Trabajo.
Queremos destacar, que antes en el proceso de renovación de los permisos de trabajo, la Dirección General de Migración, recibía 3,500 personas diarias, mientras que en la actualidad solo está recibiendo 150 solicitudes. También preocupa la tardanza en las evaluaciones, que de 30 días ha pasado a tres meses para recibir una respuesta, lo que obliga a los usuarios a portar documentos vencidos. Es preocupante, el cobro de $2,000.00 para la renovación, además de $500.00 de penalidad, por cada más de vencimiento.
La REDH-JV llama también la atención sobre el hecho, de que no procede detener y/o deportar personas inscritas en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), que no han podido renovar su estatus porque:
a) No se han establecido facilidades para que los trabajadores inmigrantes que residen fuera del Distrito Nacional, puedan canalizar sus solicitudes de renovación en las provincias de su residencia, lo que eleva el costo de tramitación de las solicitudes de renovación.
b) Hay solicitudes de revisión pendientes de respuestas de las autoridades, luego de rechazos sin explicaciones a los solicitantes.
c) Miles de ex trabajadores, solicitantes de pensiones, no fueron beneficiados con la regularización migratoria, cuya suerte debería ser definida por las actuales autoridades.
d) Los medios de vida han sido dramáticamente afectados por la crisis sanitaria, de manera que las personas referidas tienen dificultades para costear la renovación.
e) Muchos/as solicitantes del beneficio de regularización nunca recibieron respuesta, por lo que sus casos no han recibido un debido proceso de ley.
f) La República de Haití enfrenta serias dificultades para renovar los pasaportes debido a la crisis política que atraviesa este país. Las autoridades dominicanas exigiendo pasaportes con 18 meses de vigencia, mientras que el sistema haitiano, solo lo expide con 6 meses.
Recordemos que mientras que dominicanos/as sufren los rigores de la pandemia del Covid-19, las extranjeras y los extranjeros se encuentran entre los sectores más vulnerables debido a la falta de asistencia humanitaria oficial.
En fin, la REDH-JV recomienda encarecidamente seguir con la moratoria en detenciones y deportaciones hasta que haya condiciones visiblemente mejoradas para reasumirlo. Nos anima la promesa del Presidente Luis Abinader de actuar en materia migratoria en el ámbito de la ley. Además, nos consta que las deportaciones anunciadas para el lunes 21 de septiembre de 2020, múltiples fuentes dan cuenta de deportaciones, anterior a esta fecha de inmigrantes, incluyendo a personas con documentos del PNRE, especialmente por las fronteras de Jimaní y Elías Piña.
Las instituciones que integran la REDH-JV están dispuestas a ayudar y servir de enlaces entre las autoridades y aquellos inmigrantes que se encuentran en territorio dominicano para no solo garantizar el cumplimiento de la ley sino también, aunar esfuerzos para contener y controlar el coronavirus, durante el proceso de tratamiento de los casos a ser procesados.
Comunicado