Ante el contexto actual que está viviendo el mundo con la pandemia del COVID-19 y particularmente la República Dominicana, desde el movimiento reconoci.do queremos evidenciar una vez más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, expresó hoy el movimiento que agrupa a los y las desnacionalizados por la Sentencia 168-13

Señalan que carecen de un documento de identificación, la cédula de identidad, que nos ha sido negada durante años, es justamente el documento que está siendo usado por las autoridades dominicanas como instrumento para la asistencia social humanitaria.   

En ese sentido, desde el movimiento Reconocido se enfatiza en la necesidad de que el gobierno y el Estado busquen soluciones satisfactorias y razonables para la población afectada por la sentencia 168-13 y la ley 169-14, ya que ha quedado de manifiesto el grado extremo de exclusión en el que queda sumida la población por no estar dotada de personería jurídica.

Es igual de oportuno en este mes de mayo cuando se conmemora un año más de la promulgación de la ley 169 – 14, recordarle al Estado la existencia de la situación de apatridia que padecen miles de personas nacidas en la República Dominicana que sufren por no poseer una identidad legal, en este aniversario se confirman las denuncias que en el pasado hemos realizado  sobre la vulnerabilidad extrema en la que está la población Dominicana de ascendencia haitiana que no posee ningún documento.

Aprovechamos para hacer de conocimiento a la sociedad dominicana que los mecanismos establecidos por la ley 169-14, no cumplieron con la encomienda de solucionar el problema generado por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Está de más recordar que del universo de personas afectadas (133,000 de acuerdo con el último informe del ACNUR del 2016) solamente 8,000 personas pudieron acogerse a ese proceso de la ley 169-14 (para el grupo b), hasta el momento no se ha conocido de ningún decreto de naturalización para dichas personas.  Por lo que tampoco han podido acceder a los diferentes programas establecidos por el gobierno para ayudar a la población ante la crisis por el COVID-19.

Como parte de la sociedad, no estamos demandado privilegios, sino más bien justicia e igualdad como ciudadanos y ciudadanas.

Demandamos una vez más a las autoridades y al estado en su conjunto la búsqueda de una solución efectiva para la población que ha quedado en situación de apatridia.

De igual modo solicitamos del gobierno dominicano el pronto auxilio a los cientos de familias de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y comunidades bateyeras que no pudieron ser integradas en los programas dispuestos oficialmente precisamente por carecer de identificación.

Finalmente demandamos la creación de estrategias inclusivas para que ante la respuesta social y humanitaria que el estado brinda por la crisis del COVID-19 se incluya la población que no posee documentos de identificación,   y que se creen los mecanismos para que estos puedan acceder y no queden invisibilizados como población vulnerable.