Hace un mes exactamente tuve la oportunidad de conocer personalmente a Alagracia Jean-Joseph durante la 26ta Conferencia Anual de la Asociación de Estudios Haitianos que se llevó a cabo en la Universidad de Notre Dame, donde enseño. 

Altagracia nació en la República Dominicana de padres haitianos, se crió en un batey junto a muchos otros que todavía viven y trabajan en los cañaverales, y hoy día estudia leyes. Conocer a Altagracia, considerada una de las activistas más vocales de la lucha por los derechos civiles y humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana, fue una experiencia inolvidable y transformativa.

Llevo años enseñando y estudiando literatura dominicana en los Estados Unidos, y los asuntos tanto de la frontera con Haití y la presencia de haitianos y sus descendientes en suelo dominicano me han interesado mucho.

He leído y publicado sobre textos como la novela Erzulie’s Skirt de la escritora dominicano-americana Ana Maurine Lara, he enseñado en mis clases el documental The Price of Sugar sobre las condiciones de los trabajadores en los cañaverales y bateyes de la R.D., y hasta tengo estudiantes que han pasado meses viviendo y haciendo investigación en bateyes.

Sin embargo, nada de esto me ha servido para entender la situación de este grupo de trabajadores y no-ciudadanos como lo fue mi experiencia de escuchar el testimonio de Altagracia y conversar con ella. Sus palabras hicieron más real el dolor y sufrimiento que están experimentando miles de dominicanos/as de ascendencia haitiana al verse apátridas en el país que los vio nacer.

La situación precaria de los haitianos y haitianos-dominicanos en la República Dominicana es una que nos debe importar a los puertorriqueños por muchas razones. La primera, para muchos, tal vez sea el evidente aumento en la migración de haitianos a Puerto Rico, una ola que se precipitó después del terremoto del 2010 y que recientemente ha ido aumentando desde que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana pasó la Ley TC 168/13.

Dado el impacto que esta migración pueda tener en la economía y sociedad puertorriqueña, es necesario entender sus causas para tratar de encontrar soluciones.

Otra razón por la cual al pueblo puertorriqueño debe importarle lo que está sucediendo en la República Dominicana con respecto a las comunidades haitianas es simple y sencillamente porque como miembros del archipiélago caribeño, nos debe concernir que la región esté atravesando por una de las crisis humanitarias más graves que se haya visto en la historia reciente.

Los puertorriqueños somos fieles defensores de los derechos humanos —como lo demuestra la lucha por la libertad de Oscar López Rivera— y dada nuestra condición colonial, estamos en una posición “privilegiada” para entender cierto tipo de abusos que ocurren a nuestro alrededor. A esto, también podemos añadir el hecho que al igual que muchos haitianos que fueron reclutados y emigraron a la República Dominicana para trabajar en los cañaverales, muchos puertorriqueños han emigrado también como trabajadores agrícolas a lo largo de la historia con la promesa de una mejor vida en otros lugares, incluyendo a Hawaii, los Estados Unidos continentales, y hasta la propia República Dominicana.

La reciente crisis que está afectando a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana se ha dado como consecuencia de la Ley TC 168/13 que fue aprobada el 23 de septiembre de 2013, mejor conocida como la Sentencia.

La ley ha sido utilizada para revocar la ciudadanía de aproximadamente 200,000 personas de origen haitiano en la República Dominicana, la mayoría de ellos hijos y nietos de trabajadores en los cañaverales o en construcción, los cuales nacieron y se criaron en dicho país.

La ley se ha aplicado retroactivamente desde el 1929, por lo cual generaciones completas están siendo afectadas. Como resultado, la pérdida de la ciudadanía dominicana se ha traducido en la inhabilidad de procurar cédulas de identidad, necesarias para obtener servicios médicos, tener acceso a escuelas, y obtener trabajos, entre otros derechos y servicios necesarios del diario vivir.

El origen de la Sentencia se remonta al caso de Juliana Deguis, dominicana de ascendencia haitiana nacida en 1984, a quién le fue negada una copia certificada de su acta de nacimiento. Deguis apeló la decisión de la Junta Electoral basado en el hecho de que la Constitución en pie en 1984, su fecha de nacimiento, estipulaba el derecho a la ciudadanía dominicana de toda persona nacida en el país (jus solis), con la excepción de personas “en tránsito.” Aunque por décadas la categoría “en tránsito” aplicaba a turistas y personas que permanecían en la República Dominicana por no más de 10 días, la nueva ley de inmigración del 2004 estipulaba que también aplicaba a “extranjeros no-residentes.”

Este cambio en 2004 llevó a que la ley se pudiera aplicar a personas de origen haitiano con antepasados sin documentos. Desgraciadamente esto incluye a muchos trabajadores haitianos en los cañaverales y sus hijos, ya que muchos fueron despojados de actas de nacimientos y otros documentos oficiales al ser reclutados por compañías azucareras que buscaban mano de obra barata. Lo que existe, como resultado, es una situación en la cual miles de personas han perdido, o están en proceso de perder, su ciudadanía y todos los derechos de protección que ésta les otorga.

Recientemente, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos condenó la sentencia del Tribunal Constitucional y la llamó “inaceptable.” Pocos días después, la República Dominicana se retiró como miembro de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, un hecho que ha despertado preocupación seria a nivel internacional acerca del futuro de las personas afectadas por la Sentencia. Para los que conocen sobre la historia dominicana, es difícil no ver la Sentencia como la manifestación más reciente de la ideología del anti-haitianismo, la cual fue institucionalizada durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

Entre los hechos más infames que cometió estuvo la Masacre Haitiana de 1937, en la cual murieron más de 20,000 haitianos y haitianos-dominicanos en la frontera de R.D. y Haití.

La conexión entre el pasado y el presente es algo que ha sido afirmado por escritores e intelectuales dominicanos que han criticado la Sentencia desde fuera del país. Mientras que hasta el gobierno haitiano ha permanecido en silencio frente a la crisis, los autores Julia Álvarez, Junot Díaz, y Rita Indiana Hernández se han dado a la tarea de denunciar la Ley y la violencia que se ha desatado en contra de comunidades de ascendencia haitiana en la R.D., una violencia que ha sido documentada en el filme corto Birthright Crisis.

En su artículo titulado “Magia negra”, publicado en El País el 9 de octubre de 2013, Rita Indiana Hernández describe la Sentencia como “limpieza étnica legal,” lo cual establece un vínculo directo a ese otro genocidio del 1937 que sigue marcando el presente del país y su relación con su vecino. Pedro Cabiya, autor puertorriqueño que reside en la R.D., ha sido también una de las voces que ha denunciado el trato de haitianos en dicho país en su página de internet y su blog, incluyendo su ensayo “Fruta de temporada”. Aunque éste no trate específicamente sobre la Sentencia, ofrece una crítica severa sobre la condición de esta minoría en la República Dominicana.

En fin, contamos con una serie de voces literarias que claramente están comprometidas a denunciar las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo al lado este de la frontera. Es imposible saber cómo o cuándo va a terminar esta crisis.

El país parece dividido entre los dominicanos que apoyan los derechos de sus compatriotas de ascendencia haitiana, y una gran mayoría que apoya la decisión del Tribunal. Para muchos dominicanos, la presencia de personas de sangre haitiana constituye una amenaza a la patria y defienden su postura desde un nacionalismo excluyente.

La situación que viven los cientos de miles afectados por la Sentencia nos obliga a reflexionar sobre el papel de las minorías en las sociedades —esos grupos que podemos abusar como mano de obra barata, pero que igualmente podemos descartar y excluir de nuestra idea de la nación. ¿En qué momento una minoría pasa a ser parte de la “nación”? ¿Hasta cuándo se les puede excluir? ¿Quién tiene derecho de negarte tu nacionalidad? ¿Quién dice que una persona de origen haitiano nacida en la República Dominicana no es dominicana? ¿Qué es ser dominicano? ¿o puertorriqueño? ¿o cubano?

Estas interrogantes no son nuevas, pero la crisis que se está viviendo en suelo dominicano, y que afecta a una sociedad históricamente invisible, es algo que nos obliga a reconsiderarlas. ¿Qué podemos hacer en Puerto Rico para apoyar los derechos de nuestros hermanos haitianos? ¿De qué forma podemos contribuir, como lo están haciendo otros gobiernos, a poner presión al Estado dominicano para que reconsidere su posición? ¿Qué podemos hacer, como ciudadanos del mundo, para asegurarnos que los derechos de todos sean respetados? No hay respuestas fáciles, especialmente considerando que en Puerto Rico también se sufre el discrimen y el racismo hacia los propios dominicanos Tal vez lo más importante sea informarnos sobre lo que está ocurriendo, y siempre tener en cuenta que como seres humanos, todos tenemos cabida en este mundo.

Como lo demuestran los eventos recientes en Ferguson, la violencia que aflige la frontera mexicano-estadounidense, y la situación de dominicanos-haitianos, todavía hay mucho trabajo que hacer para lograr vivir en un mundo más justo. Por ahora, podemos comenzar prestando atención a lo que está sucediendo en nuestro país vecino y escuchando las historias de los que han sido afectados. -

Texto de por Marisel Moreno publicado en http://www.80grados.net/] de Puerto Rico.