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Derechos humanos | Redacción Espacinsular

La crítica situación política actual en Haití no debe utilizarse como excusa para negar justicia a las víctimas del régimen de Jean-Claude Duvalier; así lo han afirmado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y Abogados sin Fronteras Canadá (LWBC).

 

El 20 de febrero de 2016 se cumple el segundo aniversario de una decisión judicial en virtud de la cual se reabrió la investigación contra Duvalier, fallecido en octubre de 2014, y sus subordinados.

El 20 de febrero de 2014, el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe restableció las acusaciones contra Duvalier y otros por crímenes contra la humanidad y delitos relacionados con graves abusos contra los derechos humanos, designando a uno de sus jueces para proseguir la investigación de las denuncias. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer los resultados.

“Las víctimas de los brutales crímenes del régimen de Duvalier, y sus familias, llevan esperando tres decenios para obtener justicia”, ha manifestado Amanda Klasing, investigadora de Human Rights Watch sobre los derechos de las mujeres. 
  
“Las autoridades haitianas y sus aliados internacionales deben cerciorarse de que esta investigación no desaparece de la pantalla del radar, incluso a pesar del momento de incertidumbre política.”

Haití lleva más de un año atrapado en una crisis política que dejó al país sin Parlamento operativo durante todo 2015 y sin sucesor electo tras expirar el mandato del presidente Michel Martelly el 7 de febrero.

Debido a la crisis, numerosos jueces han tenido que dedicar mucho tiempo a dirimir disputas electorales y no ha habido nuevos nombramientos, ya que no existe un órgano operativo que esté facultado para nombrarlos. Esto ha repercutido de manera directa en la capacidad del sistema judicial para administrar justicia como corresponde.

La decisión del Tribunal de Apelación venía a revocar una sentencia dictada en enero de 2012 por un juez instructor, según la cual Duvalier no podía ser acusado de crímenes de lesa humanidad ni de otros delitos que le atribuían en sus denuncias las víctimas de desaparición forzada y tortura durante su régimen (1971-1986) porque el plazo legal para enjuiciar esos delitos había vencido y porque los crímenes contra la humanidad no eran delito en la legislación nacional cuando esos delitos se cometieron. 

Tras la muerte de Duvalier en octubre de 2014, numerosas organizaciones nacionales e internacionales, así como el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, recordaron a las autoridades haitianas su obligación de seguir adelante con las actuaciones judiciales contra los subordinados de Duvalier. Varias autoridades del gobierno de Duvalier habían sido nombradas, además de Duvalier, por las víctimas en sus denuncias. 

Algunas aparecían citadas en la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación en 2014. El juez del Tribunal de Apelación encargado de la investigación adicional sí continuó entrevistando a víctimas y testigos tras la muerte de Duvalier. “Sin embargo, todavía falta dar los pasos de finalizar la investigación, determinar las responsabilidades penales concretas de los subordinados de Duvalier y, por último, llevar a cabo un juicio justo e imparcial”, ha afirmado Pascal Paradis, director general de Abogados sin Fronteras Canadá.

“La demora continuada en completar la investigación contra los coacusados junto a Duvalier, demuestra poca voluntad por parte de las autoridades haitianas para procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos durante el régimen de Duvalier”, ha señalado Pierre Esperance, secretario general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.

El gobierno no ha asignado recursos adicionales al juez instructor del Tribunal de Apelación para asegurarse de que cuenta con lo necesario para llevar a cabo una compleja investigación de esta índole. A pesar de sus múltiples peticiones al Consejo Supremo del Poder Judicial, sus cometidos no han sido reajustados para permitirle centrarse en esta causa. No se tiene constancia de que se haya adoptado alguna medida especial para proteger al juez y a las víctimas y los testigos del caso.

Esta falta de voluntad política se ha visto agravada por la situación política en Haití, ya que las autoridades se han centrado en gran medida en las disputas relativas a las elecciones legislativas, presidenciales y municipales, y en la negociación de soluciones a la crisis política. Se han hecho esfuerzos mínimos para abordar importantes asuntos pendientes en materia de derechos humanos, como los avances en la lucha contra la impunidad y, en particular, la investigación de los subordinados de Duvalier.

Tras la elección de un presidente interino por el Parlamento el 14 de febrero de 2016, las autoridades interinas deben garantizar que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la etapa de gobierno de Duvalier, y sus familiares, puedan ejercer su derecho a obtener verdad, justicia y reparación, incluidas indemnizaciones y otros beneficios; así lo afirman las cuatro organizaciones. Las autoridades interinas deben garantizar que el juez instructor dispone de recursos adecuados y suficientes para proseguir la investigación y que tanto la investigación como cualquier actuación judicial en el futuro sobre el caso se abordan con imparcialidad y sin injerencias políticas.

“Una conclusión justa e imparcial del caso Duvalier podría contribuir enormemente a reforzar la confianza de la población haitiana en que la justicia está a su alcance”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América. “Las autoridades provisionales deben asegurarse de que pronto seguirán adelante la investigación y la causa sobre Duvalier.”