La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por las presuntas agresiones que habrían sufrido decenas de personas identificados como migrantes haitianos, y su posterior expulsión de la comunidad de La Ortega, provincia Espaillat, República Dominicana.
Estos hechos violentos se habrían dado en respuesta al homicidio del joven dominicano Carlos José Núñez Gómez. La Comisión Interamericana manifiesta su preocupación por estos hechos e insta a las autoridades dominicanas que actúen con urgencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, y que adopten las medidas necesarias para proteger a las personas haitianas en República Dominicana, independientemente de su situación migratoria.
Según información de público conocimiento, el 9 de abril de 2015, decenas de personas haitianas, habrían sido agredidas y expulsadas de la comunidad de La Ortega por un grupo de dominicanos, presuntamente en represalia por la muerte del joven Carlos José Núñez. De acuerdo a una versión que habría circulado en la comunidad, el joven habría sido asesinado por dos nacionales haitianos, luego de que se denunciara su desaparición el lunes 6 de abril de 2015. Posteriormente, el hermano del joven asesinado señaló que los responsables de la muerte de su hermano serían dominicanos, y no haitianos como se habría manifestado en un primer momento. La información recibida por la CIDH indica que el 9 de abril de 2015, una turba de aproximadamente 40 dominicanos habría ingresado forzosamente, rompiendo puertas y cerraduras, en los hogares de personas haitianas residentes en la comunidad de La Ortega, quienes habrían sido desalojadas de sus hogares de forma violenta y posteriormente expulsados de la zona, prohibiéndoles su reingreso.
La Comisión Interamericana tuvo acceso a videos publicados en medios de comunicación y redes sociales que evidencian el momento en que el grupo de dominicanos tumbaba a empujones a una mujer haitiana al suelo y arremetía a golpes contra ella mientras se encontraba inmóvil e indefensa. Asimismo, los videos muestran cómo un hombre haitiano fue insultado, acorralado y amarrado de manos, y luego jalado para cortar partes de su cabello con una navaja y un machete en frente de un grupo de personas. Las personas que llevaron a cabo estos hechos estaban armadas con machetes, bates, palos, correas y otros objetos similares. También se informó la destrucción de las pertenencias encontradas en las casas de las personas haitianas. De acuerdo con la información recibida, posteriormente la Policía Nacional habría detenido a once personas por haber ocasionado daños a las propiedades de las personas haitianas residentes en La Ortega.
La CIDH insta al Estado dominicano a adoptar de forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, incluyendo personas migrantes sin distinción de origen nacional, en particular migrantes haitianos que puedan encontrarse en situación de riesgo como la mencionada en este comunicado. La Comisión valora positivamente los pronunciamientos del Procurador General de la República y el Director General de Migración condenando los ataques a los migrantes haitianos en La Ortega. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana urge a las autoridades dominicanas a continuar con la investigación, procesamiento y sanción a los responsables de la muerte del joven Carlos José Núñez, así como las agresiones sufridas por las personas haitianas residentes en La Ortega.
La Comisión nota con preocupación que los hechos de violencia en La Ortega habrían ocurrido en un contexto de creciente hostilidad contra personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana, o personas percibidas como tales, generado tras la publicación de la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sobre la cual la CIDH se pronunció mediante su comunicado No. 73/13. Se destacan hechos como el ocurrido el 11 de febrero de 2015, donde un hombre haitiano fue encontrado colgado sin vida de un árbol en un parque público en Santiago, quien presuntamente fue víctima de un homicidio xenófobo. Como consecuencia, a finales de febrero, se generaron protestas en Haití y República Dominicana reclamando justicia por el linchamiento del nacional haitiano y denunciando el crecimiento de un sentimiento anti-haitiano en República Dominicana. Asimismo, a finales de marzo dos jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana habrían sido agredidos físicamente por transportistas en Barahona por “ser haitianos”.
Ante situaciones como esta, la CIDH estima necesario recordar que la responsabilidad internacional en materia de derechos humanos del Estado también puede generarse por atribución de actos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos. La Comisión Interamericana igualmente hace un llamado a las autoridades dominicanas a que se condenen públicamente hechos de violencia y discriminación racial contra personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana o personas percibidas como tales en la República Dominicana, a la vez que se implementen medidas dirigidas a promover la convivencia pacífica con personas extranjeras, en particular aquellas de origen haitiano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.