En el marco del Día Internacional de la Mujer, mientras los anuncios oficiales y los actos simbólicos se multiplican, persiste una realidad que difícilmente entra en los titulares: la violencia, la discriminación y la marginación estructural que enfrentan las mujeres en la República Dominicana, especialmente aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad por su origen, raza o estatus migratorio.
Las mujeres dominicanas siguen batallando contra desigualdades laborales, brechas salariales y un sistema de salud que no siempre responde a sus necesidades. Pero esta lucha se vuelve aún más compleja para las dominicanas de ascendencia haitiana y las mujeres migrantes haitianas, quienes sufren no solo exclusión social, sino lo que muchas defensoras de derechos humanos describimos como violencia sistemática y discriminación racista.
En los últimos dos años, varios casos han sacudido la conciencia pública y han expuesto la violencia que enfrentan estas mujeres en contextos donde su dignidad no es prioridad:
El caso de Stephy Graph, una mujer de nacionalidad haitiana que denunció haber sido violada en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) tras ser detenida por un problema con su visado mientras intentaba viajar con su hijo. Las autoridades confirmaron que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, y aunque la institución policial aclaró que la persona acusada no pertenece a esa institución, este hecho se convirtió en emblema de cómo mujeres migrantes pueden ser vulneradas en espacios oficiales donde deberían recibir protección.
La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años de ascendencia haitiana, que falleció ahogada durante una excursión escolar en una piscina sin supervisión adecuada, generó una ola de indignación y denuncias de discriminación. La investigación judicial incluyó arrestos y acusaciones de negligencia extrema por parte del personal responsable de la actividad escolar. Familiares y defensores de derechos humanos han señalado que el trato institucional y la falta de medidas de seguridad expusieron a la menor a un riesgo mortal que no habría ocurrido si se hubiera tratado de una niña sin rasgos de estigmatización racial o migratoria.
El caso más reciente es el de violencia médica contra mujeres haitianas, como el caso de una joven de 23 años que fue víctima de violación sexual por parte de un médico en un hospital, mientras acudía para recibir atención médica. El caso llevó a la apertura de juicio contra el profesional de la salud, pero también evidenció la vulnerabilidad de las mujeres migrantes frente a quienes deberían garantizarles cuidado y seguridad.
Estos no son hechos aislados o “malas experiencias”. Más bien, son ejemplos palpables de cómo la intersección entre racismo, xenofobia y machismo se traduce en violencia real contra mujeres que encaran múltiples barreras para acceder a justicia, salud y seguridad.
Organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples casos de vulneraciones de derechos en zonas de detención migratoria, expulsiones masivas que incluyen a mujeres embarazadas y a sus familias, y denuncias de tratos degradantes por parte de autoridades que deberían proteger a todas las personas sin discriminación.
Además, el silencio institucional ante ciertos casos, la lentitud en las investigaciones o la minimización de los hechos alimentan la percepción de impunidad. Esto profundiza la sensación de que las vidas de mujeres haitianas o de ascendencia haitiana tienen menos valor social y legal, una percepción que va en contra de los compromisos internacionales de derechos humanos y que deshonra los principios del propio Día Internacional de la Mujer.
En este contexto, también resulta alarmante el clima de descrédito y hostigamiento promovido por sectores ultranacionalistas, que han alimentado campañas de intimidación, violenta de toda la manera contra defensores y defensoras de derechos humanos. Cada vez que una organización o activista denuncia atropellos contra mujeres migrantes haitianas o dominicanas racializadas, estos grupos responden con ataques públicos, discursos de odio y señalamientos que los tildan de “traidores a la patria”. Esta narrativa no solo distorsiona el debate democrático, sino que busca sembrar miedo, silenciar denuncias legítimas y deslegitimar el trabajo de quienes exigen el respeto a los derechos fundamentales.
Defender derechos humanos no es traición; es un compromiso con la dignidad, la justicia y el Estado de derecho que debe proteger a todas las personas sin discriminación.
El Día Internacional de la Mujer no debe limitarse a mensajes inspiradores en redes sociales o fotografías de eventos oficiales. Debe ser una jornada de evaluación crítica, de denuncia y de compromiso con acciones concretas que transformen la vida de aquellas que más sufren las inequidades. Las mujeres de todas las raíces y circunstancias merecen vivir sin miedo, con acceso a justicia y a oportunidades reales, especialmente, las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana y las migrantes haitianas, cuya existencia y aportes han sido históricamente invisibilizados o estigmatizados.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer no puede ser un ejercicio estético de discursos, sino un llamado a transformar realidades que siguen costando vidas, dignidad y oportunidades. Las mujeres merecemos algo más que palabras: merecemos justicia, seguridad y equidad real.
Mi Nombre es Jenny Carolina Moron Reyes defensora de derechos humanos y parte del Movimiento de Mujeres Dominico‑Haitianas (MUDHA), organización de donde acompaño procesos de organización, liderazgo y defensa de derechos de mujeres y niñas, residentes en la República Dominicana.