Ante el alto índice de actos delincuenciales que azota al país, la inseguridad y el miedo están caminando abrazados a nuestros sentimientos, andar y recorrer las calles de las distintas ciudades del país, se ha convertido en una actividad más riesgosa que contar con un buen servicio del sistema eléctrico nacional.

Vemos con frecuencia que muchos de los involucrados en hechos delictivos, son  personas que han sido procesados o llevados antes el sistema judicial dominicano, que sin explicación alguna, en determinados casos, los mismos pululan por nuestras calles. Cuando, sobre ellos recaen sentencias que lo obligan cumplir una condena. Otras veces, se deben a que  esos procesos penales se han caído debido a que las víctimas son vencidas por los largos plazos, reenvíos, incidentes procesales y burocracia que hacen prácticamente interminable los  procedimientos judiciales, sobre todo en un sistema que protege más al victimario, que a la víctima en sí, mientras,  al infractor  se les brinda  un  servicio gratuito de asistencia legal a través de los defensores públicos, los  agraviados  tienen que valerse de su tiempo y sus recursos para agenciarse una representación legal.

Este cúmulo de impotencia nos está llevando a ver como normal y justificado los llamados “intercambios de disparos” o ejecuciones extrajudiciales, donde los agentes policiales se subrogan el derecho de aplicar la pena de muerte, los cuales al mes de septiembre del presente año 2025, suman 170  los fallecidos por esta práctica, que si bien estamos de acuerdo en que la uniformada debe repeler las agresiones en las mismas proporciones en que la recibe, no ha sido posible determinar cuáles de esas víctimas han  caído realmente en un cruce real de fuego con las autoridades.

Particularmente no creo en garantizar derechos humanos a aquellas personas que no respetan ni le importan los derechos y la dignidad de los demás, porque no estoy de acuerdo en garantizarle a los delincuentes, precisamente lo que ellos con sus acciones nos violentan y nos arrebatan, pero eso no me da razones  ni derecho para justificar la violación de los procesos y de nuestra normativa legal, que debe de estar siempre apegada a las normas que rigen a nuestro estado-nación, por demás, ya que, esta práctica que hoy  pudiéramos aplaudir y que nos parecería  necesaria, mañana podríamos maldecirla porque   una de las víctimas inocentes caídas en un “intercambio de disparos” podría ser uno de nuestros hijos e hijas.

Una  acción  que  esta siempre enfocada y es aplicada hacia los sectores más excluidos,  mas vulnerado y de mayor pobreza, pues los caídos siempre son en su gran mayoría de los barrios populares y de los sectores más marginados, pues en lo que a mi respeta, no he escuchado el primer abatido en un “intercambio de disparos” de los sectores  del polígono central de la ciudad o en  en sus zonas, mucho menos que los abatidos  sean  de los apellidos sonoros del país, pues como se dice en los pasillos de los palacios de justicia, cuando un reo llega al tribunal, su principal delito es ser pobre.

Entiendo y comprendo que los agentes policiales tienen sus vidas en riesgos constante y que en determinadas ocasiones son recibidos por los delincuentes al compás del rugir de las balas salidas de la boca de los cañones y por lo tanto en ciertos momentos y circunstancias se hace necesario repeler la agresión, ellos también han aportado sus víctimas, los cuales al igual que todos nosotros, poseen una familia que esperan por su regreso, pero esto no les da la prerrogativa de  hacer de este procedimiento una constante, llena de cuestionamientos e interrogantes,  de propiciar estas acciones al margen de la ley y  sin tener una debida investigación donde se pueda determinar que los agentes que realizan esta operaciones,  actúan  ante una agresión  de fuego inminente que lo lleva a repeler la agresión en la misma proporcionalidad.

Las sociedades se rigen por normas, basadas y fundamentadas en derechos, las cuales nos permiten convivir en sociedad,  donde las acciones efectuadas por las autoridades,  que tienen el monopolio de la fuerza,  deben estar apegada siempre a la legalidad y a la  garantía del  debido proceso  de ley. Un sistema que defienda y proteja  a las víctimas y le brinde accesibilidad, confiabilidad , credibilidad  y seguridad en el sistema de justicia,  garantizando que no sea necesario ni  justificado los denominados “intercambio de disparos”.