El circo mediático relacionado con el caso de la violación y abuso de una menor de edad perpetrado por un reconocido beisbolista de nuestro país fue objeto de múltiples análisis, comentarios y opiniones, tras el dictamen del tribunal que conocía el caso en la ciudad de Puerto Plata. El veredicto, nos dejó a todos y todas opinando sobre el tema.

El deportista fue encontrado culpable y  resultó condenado  a dos años de prisión por los hechos, pero, recibió un perdón judicial, una figura jurídica contemplada en el Código Procesal Penal de la República Dominicana dispuesto en el artículo 340, numeral 3, que establece que, “si el hecho delictivo ocurrió en circunstancias poco usuales, el tribunal puede atenuar la pena e incluso reducirla por debajo del mínimo legal, siempre que esta no supere los 10 años de prisión”; En cambio,  la madre de la menor,  fue condenada a 10 años de prisión y el decomisos de los bienes que había recibido por parte del beisbolista, en el entendido de que ella fue la responsable de utilizar a su hija como mercancía para obtener riquezas.

Esto a simple vista luce ser un proceso ideal en procura de la justicia y de perseguir este flagelo que arropa a nuestro país, manda una señal de que habrá cero tolerancia a estas acciones, aparenta ser un indicio claro de que nuestros menores de edad son protegidos  por el Estado y que existe  un órgano persecutor  que está  presto a  perseguir a los violadores y las violadoras que hocen abusar y/o violar  a nuestros niños y nuestras niñas, y que  todas aquellas madres o padres que utilicen a sus hijos e hijas menores para a través de ellos y ellas conseguir prebendas serán castigados y castigadas de una manera ejemplar.

Hasta aquí los reflectores del circo montado en Puerto Plata lucen ser un acto creíble merecedor de aplausos, aquella carpa donde se asentó la justicia fue un escenario idóneo digno del théatron Griego, cual si fuera el montaje de una de las  famosas obras del padre de la dramaturgia inglesa, el magistral William Shakespeare, pero,  como la tragedia era uno de sus géneros favorito para escribir, lo sucedió allí, no fue la excepción, ya que  esas luces no llegaron a las vidas ni a las familias de las  826 niñas menores de 15 años que quedaron embarazadas en el año 2025  pero tampoco hubo investigación  para determinar la situación en que quedaron embarazadas 16,481 adolescentes con edades comprendidas entre 10 a 19 años, según datos de la oficina Nacional de Estadística para ese mismo año citado, tampoco hubo persecución por los hechos.

Pero el gran acto no fue visible en  las provincias donde se concentra los porcentajes más alto de menores embarazadas en comparación con el total de embarazadas registrada en su demarcación como son : Monte Cristi (26.45%), Elías Piña (25.07%), Valverde (25.03%) , Dajabón (24.59%), Santiago Rodríguez  (23.95), Pedernales (23.61), Peravia (23.03), La Altagracia (22.90), Duarte (22.88) , y  La Romana (22.77),   pero tampoco llegó  la persecución a las maternidades de San Lorenzo de Los Minas , en Santo Domingo Este,  y la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en el Distrito Nacional, donde cientos de niñas llegan cada mes a sus instalaciones , muchas veces acompañadas de su verdugo violador y agresor, antes las miradas indiferentes de las autoridades y muchas veces las miradas  cómplices de sus familiares.

Antes esta realidad y este flagelo que nos arropa como sociedad el cual superamos en un 34% el promedio de embarazos adolescentes de la región de América Latina y el Caribe y que por demás es una de las principales causas de la deserción escolar y de la perpetuación de los ciclos de pobreza, se hace necesario dar un trato de urgencia a la problemática y no de inmediatez, que el tema no sea tratado en función de las figuras involucradas y de la relevancia que amerite en los medios, ni sea utilizados como acto de circo para entretener a la población y vender la percepción de que existe una lucha real contra esta problemática.

En tal sentido urge si de verdad queremos erradicar este problema o llevarlo a su mínima expresión, es necesario darle un trato equivalente a una alerta epidemiológica que nos es más que una comunicación oficial emitida por las autoridades sanitarias para advertir a la población y al personal médico sobre un evento inminente o inusual de salud pública. Su objetivo es activar protocolos de prevención, reforzar la vigilancia y preparar los hospitales para contener un riesgo y evitar que se propague, en tal sentido cada vez que llegue una menor embarazada  a un centro de salud se debe  activar una alerta  y se proceda a contactar a las autoridades para la investigación del hecho  y  establezca responsabilidades, aplique sanciones, persiga a los perpetradores y consigan  condenas ejemplares  a los causantes de los mismos y a los padres y madres irresponsables que lo consintieron y lo auparon.

El lugar de nuestras niñas y nuestros niños es la escuela y los protectores de ellos somos los padres y las madres y,  es obligación de Estado, preservarle y garantizarles sus derechos a toda costa.