La realidad es que la población dominicana ha estado alarmada frente a hola de hechos criminales acaecido en los últimos meses en el país, los cuales muchos de ellos han involucrado a figuras públicas del ámbito artístico, lo que ha producido una difusión mayor en los distintos medios sobre la problemática.
Mientras el país se siente en ascuas con la situación. Las autoridades a través de la Mesa de Seguridad Democrática que encabeza el Presidente de la República, conjuntamente con los altos mandos policiales, la Ministra de Interior y el Ministerio Publico, se vanaglorian constantemente de los resultados obtenidos por las autoridades en la lucha contra la criminalidad, la cual, ellos señalan que ha habido una reducción de la tasa de homicidios en el país y de los actos delictivos en sentido general.
Según las autoridades al 25 de septiembre del año 2026, se registraron en el país 7.36 homicidios por cada 100 mil habitantes, representado una reducción de 15.8 % frente al 8.74 registrado en el año 2025, mientras que los robos en el presente año han disminuido en un 40.5 %.
En este proceso de lucha ha resurgido el mito de que con la línea de mano dura se enfrenta la delincuencia, sobre todo con el hoy famoso “puesto en 29”, pues con esta acción la Policía Nacional, envalentonada por el discurso presidencial, ha traído de vuelta los llamados “intercambios de disparos” solo que ahora lo han disfrazados poniéndole saco y corbata, pues le llaman en estos tiempos, muertos en “Acción Legal”.
Mientras tanto, es una realidad que desde el inicio del presente año, hasta el 25 de septiembre del mismo, en el país se han registrado un total de 931 muertes violentas, de las cuales, 173 de esas muertes fueron efectuada en intervenciones de agentes de la Policía Nacional, lo que representa un 18.58 % de los decesos, medida que ha tomado impulso en los últimos días y solo en el mes de septiembre, de las 93 muertes registradas en este mes, 45 de ellas están vinculadas a la denominada “Acción Legal”, lo que representa el (45.5 %), de los fallecidos en el mes referido.
Si bien no se puede negar que hay circunstancias en que la autoridad se tiene que defender y repeler la agresión, resulta difícil de entender que en todos los casos acontecidos la autoridad ha tenido la necesidad de adjudicarse el poder de efectuar un juicio sumario y dictaminar en caso una condena a pena de muerte, acción totalmente contraria a las normas establecidas en nuestra Constitución, que no contempla esta sanción.
Lo que, si está demostrado es que esta acción es más que un mito, pues cada tiempo determinado se realizan las mismas ejecuciones y el problema de la delincuencia sigue rampante.
Aunque la acción ha sido aplaudida por gran parte de la población y refrendada por el “gobierno de las teclas digitales”, a las cuales le temen las autoridades, la realidad es que la misma luce popular, mientras no sea a uno de nosotros y nosotras que nos acribillen un hijo o una hija, sin darle la oportunidad de defenderse y de que sea un tribunal el que dicte su culpabilidad y su sanción, determinando si en verdad es culpable o no, pues la realidad ha evidenciado siempre, que en la práctica estas “Acciones Legales” solo son efectivas para los marginados y excluidos, pues no conozco de caso alguno de muertos en una “Acción Legal” que no proceda de uno de los sectores populares.
La percepción generalizada, muy sujeta a la realidad, es que al margen de las estadísticas la delincuencia nos esta arropando, pues si bien las mismas indican que los robos se han reducidos, hay que ver el subregistro, pues solo son contabilizados aquellos que llegan a poner las denuncias, pero sin dudas, son más los acasos de las personas que guardan silencio por desconfianza en el proceso y en la propia efectividad de las autoridades , acompañado de un código garantista que protege mas al victimario que a la victima y hace que el agraviado viva un calvario sin resultados y sin autoridad que muestre interés real por la solución del conflicto.
La lucha contra la delincuencia debe combatirse con mayor apoyo a la educación, mayor oportunidad de trabajo, el fortalecimiento de las familias y una conducta intachable de los que administran la cosa pública, acompañado de un sistema de justicia creíble, justo, sancionador, equilibrado y por demás, interviniendo realmente los centros penitenciarios, donde los mismos no sean un espacio de negocios, sino más bien de reinserción social , sin privilegios y sin olvidar que están cumpliendo una condena. Mientras tanto, seguimos con el tema envuelto entre los mitos, la percepción y ahogado por la realidad misma.