El feminicida de Abril de Jesús Puello es el principal culpable de su muerte, pero no el único responsable. Los policías y fiscales que se enteran de que un hombre abusa sexualmente de una menor y no activan el sistema de protección son cómplices del violador. También son cómplices los demás adultos que miran para otro lado. La normalización del abuso influyó en este feminicidio.

Abril de Jesús Puello tenía unos 16 años. Era abusada de forma cotidiana por Raudy Jiménez Dicent, alias "Ayendi", de 25 años, en Los Arroyones de Básima, Villa Altagracia, ante la indiferente mirada de familiares y vecinos, pero también de maestros, policías y médicos que interactuaban con la víctima y el agresor como si se tratara de una relación normal, de una pareja más de la comunidad.

El abuso que sufría Abril era aceptado y normalizado por la comunidad, como ocurre con miles de niñas y adolescentes que son violentadas y luego culpadas de sus embarazos a destiempo, o en el peor de los casos, golpeadas o asesinadas por sus violadores, a los que muchos medios de comunicación llaman “parejas”.  

Raudy Jiménez Dicent es acusado de asesinar a Abril. Una muchacha de 16 años fue víctima de feminicidio y, es obvio, que el sistema le falló, le falló cuando aceptó que podía ser abusada con total impunidad. Hasta donde sabemos, ningún fiscal, policía, médico o maestro inició un proceso para detener el abuso sexual que sufría en la casa que habitaba con su agresor.

En el fondo (y en la superficie), parte de la sociedad acepta que las niñas sean abusadas por adultos. Esa indiferencia influyó en la muerte de Abril. Hay que reiterarlo: el sistema y la comunidad que debieron proteger a una adolescente la dejaron sola, en un país donde hasta la Justicia justifica a los abusadores sexuales.

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez; presidente del tribunal, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, decidió que, aunque hay pruebas suficientes para llegar a la conclusión de que el pelotero Wander Franco es culpable de abusar de una niña de 14 años, merecía un perdón judicial. Es decir, es culpable pero no pagará con cárcel por abusar de una niña de 14 años cuando él tenía 21 años.

El juez José Ramón Núñez no solo perdonó a Franco, sino que le dijo a la madre, condenada a 10 años por, entre otros delitos, extorsionar al jugador, que debió mantener el abuso sexual “en el misterio de la sombra del secreto de una familia”. Esos secretos de familia han garantizado la impunidad a miles de abusadores y sus cómplices. Solo entre enero y julio de 2025 hubo, de acuerdo con la Procuraduría, 1135 casos de “seducción de menores”, eufemismo que se refiere al delito que cometen adultos que abusan sexualmente de niñas, niños y adolescentes a quienes manipulan, en principio, sin usar la fuerza física. Se sabe que la gran mayoría de estos abusadores son hombres adultos y casi todas las víctimas son niñas y mujeres adolescentes.

Piensen con detenimiento en la magnitud de estas cifras: en promedio, cada mes hay 162 denuncias contra adultos que manipulan o coaccionan a menores de edad para tener relaciones sexuales. Y estos datos no reflejan la magnitud del problema.

En 2025 se registraron 16,481 embarazos en adolescentes, según datos oficiales. La mayoría de estas adolescentes son embarazadas por adultos abusadores que no rinden cuenta ante la Justicia, en un país donde se les niega la educación sexual integral y basada en evidencia científica a niñas, niños y adolescentes, como Abril.

El feminicida de Abril de Jesús Puello es el principal culpable de su muerte, y esperemos que, ante la magnitud de esta tragedia, la Justicia no encuentre razones atenuantes para otorgarle el perdón, pero no es el único responsable. Cada persona adulta que se enteró del abuso y no denunció ante las autoridades también incumplió con su deber ético y legal de cuidar a las niñas y adolescentes.

 La responsabilidad es aún mayor para figuras de autoridad como policías, fiscales y jueces que se enteran, como cualquier vecino, de estas relaciones basadas en el abuso y miran para otro lado. Quizás denunciar y parar el abuso le hubiera salvado la vida a Abril. Pero muchas personas no reconocen este delito cuando lo ven, y hay incluso jueces capaces de condenar a un joven a la cárcel por robarse un motor y dejar en libertad a un violador. Quizás debemos empezar por reconocer la humanidad de las niñas, adolescentes y mujeres, para que robar un motor no tenga más consecuencias legales y sociales que el abuso sexual.

Canoa Púrpura es la Columna de Libertarias, espacio sobre mujeres, derechos, feminismos y Nuevas Masculinidades que se transmite en La República Radio, por La Nota.