El primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció este lunes las crecientes amenazas de agresión militar por parte de Estados Unidos contra la Isla, calificándolas como un crimen internacional incluso antes de que se materialicen. Según publicó en su perfil oficial en X
Advirtió el mandatario que cualquier acción bélica provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables” y tendría un impacto destructivo sobre la paz y la estabilidad regional.
Presidente de Cuba
Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional. Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra EE.UU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano. Vía Twitter o X
Asimismo se expresó el canciller cubano
#Cuba, como toda nación del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa. Es un principio reconocido por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional. Quienes pretenden agredir ilegítimamente Cuba, se valen de cualquier pretexto, no importa cuán mendaces y ridículos sean, para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial. Lamentable que medios de prensa continúen siendo cómplices de semejante crimen.
La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avisó que planean imponer nuevas sanciones contra Cuba. Esto, después de que el 1 de mayo, Trump firmara una orden ejecutiva que impone otras medidas contra el Gobierno de la isla, ampliando las restricciones existentes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.