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Medio Ambiente y Cambio Climático | Por Redacción Espacinsular

La Comisión Ambiental de la UASD está esperanzadora con la información de que el Ministerio Público Nacional va perseguir penalmente a todo aquellos que están mutilando diversas Areas Protegidas.

Comunicado de la CAUASD 15 de febrero de 2026

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) pondera de manera positiva, responsable y esperanzadora el anuncio realizado por la Procuradora General de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, mediante el cual instruye una investigación exhaustiva e inmediata sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, así como la ampliación de las indagatorias a los actos que hayan derivado en la emisión de títulos y acciones privadas que comprometan su integridad. La trascendencia de esta decisión es mayor por tres razones fundamentales:

1. Defiende el patrimonio natural como bien público: las Áreas Protegidas son soporte de biodiversidad, paisaje, cultura, suelos, bosques y costas; no son mercancía ni botín, sino garantía de vida y de soberanía ambiental.

2. Protege la seguridad hídrica nacional: la integridad de los ecosistemas de montaña, humedales, dunas, bosques secos y bosques nublados está directamente vinculada a la producción, regulación y calidad del agua que consume la población y requiere la economía.

3. Fortalece el Estado de derecho ambiental: investigar entramados, corrupción, falsificación, prevaricación y cualquier mecanismo que haya facilitado el apoderamiento de bienes naturales públicos envía un mensaje claro: la impunidad ambiental no puede normalizarse.

La CAUASD considera especialmente relevante que la fuerza de tarea especial, coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho e integrada por instancias especializadas del Ministerio Público y la Jurisdicción Inmobiliaria, disponga además la elaboración, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas protegidas del SINAP. Este componente es crucial para ordenar evidencia, establecer patrones, identificar riesgos acumulativos, y construir decisiones con base técnica y legal sólida. Disposición de acompañamiento

La Comisión Ambiental de la UASD reitera su plena disposición de acompañar este proceso y pone a disposición del Ministerio Público, de las instituciones competentes y del país su capacidad humana y técnica, incluyendo sus equipos de trabajo y sus especialistas en diversas áreas relacionadas con la investigación.

Reafirmamos que la defensa de las Áreas Protegidas no admite ambigüedades: es una causa de nación, de presente y de futuro. La UASD, como universidad pública, está llamada a contribuir con ciencia, ética y compromiso social para que la verdad se investigue, se documente y se sancione conforme a la ley, y para que se garantice la no repetición de prácticas que lesionan irreversiblemente el patrimonio natural dominicano. Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) Santo Domingo, República Dominicana