La República Dominicana es el cuarto país de América Latina con las tasas más altas de muertes maternas. Una de las principales causas de muertes son los abortos provocados en condiciones insalubres que terminan en desgarramientos y hemorragias internas.

 La interrupción del embarazo es una práctica social que existe y ha existido en todas las sociedades independientemente de que esté condenada o no legalmente.

El ejercicio del aborto no es una práctica placentera. La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen contra su propia voluntad, por sus condiciones sociales, culturales o económicas según se muestra en diversos estudios en la región. Su condena a través del tiempo en nuestra sociedad no ha provocado su erradicación, por el contrario ha generado más muerte que vida.

Quienes abogan por todo tipo de prohibición del aborto porque supuestamente “defienden la vida”, defienden la muerte de la niña que ha sido violada por un padrastro, su padre u otro familiar, a sabiendas de que las violaciones de niñas son bastante frecuentes, así como la posibilidad de que en consecuencia queden embarazadas. En América Latina y en nuestro país se han presentado varios casos de niñas que han muerto o han vivido situaciones de gravedad y alto riesgo de muerte al quedar embarazadas de una violación o incesto.

Cuando condenamos a la madre a morir o a ser juzgada por sus decisiones reforzamos la irresponsabilidad del padre en su ejercicio o no de violencia con relación al embarazo reforzando la paternidad ausente e irresponsable.

Defender la vida no es solo defender que la gente nazca, es defender que los niños y las niñas tengan condiciones para una vida digna sino están expuestos a morir o a “mal vivir”. La pobreza extrema y la miseria suponen un riesgo permanente de muerte. Las leyes y políticas públicas no pueden ser formuladas pensando solo en matrices religiosas o morales, estas van dirigidas a toda la población independientemente de su credo religioso.

La legalización del aborto no ha significado en los países que se aplica un aumento del número de abortos, sino todo lo contrario un descenso significativo de estos y una garantía de condiciones de salud para la mujer y/o adolescente que interrumpe el embarazo. 

Legislar para que se regulen los abortos que se producen diariamente en las formas más riesgosas en las casas y callejones, no significa promoverlo, significa garantizar la vida de niñas, adolescentes y mujeres que ya han decidido no continuar con una situación de riesgo de salud o social.