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Opinión | Juan Bolívar Díaz

El Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del pasado domingo constituye un valioso diagnóstico de la adolescencia del sistema electoral y de la fragilidad que aún exhibe la democracia dominicana, pese a décadas de luchas por su mejoría.

A la vez contiene las recomendaciones fundamentales de los pasos que debemos dar para que algún día nuestros comicios lleguen a ser democráticos y no una burla de los principios elementales de equidad, transparencia, ordenamiento jurídico, proscribiendo todo el atropello, el abuso del poder del Estado y las imposiciones anti democráticas que caracterizaron todo el proceso electoral.
Y no es que la misión de la OEA descubriera un nuevo mundo, seguro tomó en cuenta los cinco informes sobre la campaña electoral presentados por Participación Ciudadana que documentaron los enormes vicios que acusan los procesos comiciales en el país, desde el reparto y tráfico de candidaturas hasta el abuso del poder, el financiamiento turbio, la compra de voluntades y de votos y los atrasos de las normativas legales.
Esas recomendaciones han sido sostenidas firmemente por otras instituciones nacionales y algunos medios y comunicadores, a menudo sometidos a las burlas y estigmatizaciones de los que probablemente aducirán que forman parte del paquete de intromisiones en los asuntos internos dominicanos.
Sobre las votaciones del domingo, el informe de la OEA, como el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y PC, fue bien concreto: “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación.
Vamos a resumir las recomendaciones que contiene el informe, con la esperanza de que esta vez la sociedad dominicana se empodere de ellas, que las enarbole como fundamentales para la convivencia democrática y la legitimidad de los gobernantes:
– Reitera la importancia de una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral que defina con mayor claridad lo concerniente al conteo de los votos, como elemento fundamental que no debe depender de reglamentaciones y que los cambios tecnológicos sean paulatinos para que sean asimilados por las autoridades, los partidos y toda la sociedad. También que se separen de nuevo las elecciones.
-“Que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo. Asimismo, se deberían establecer límites a los fondos provenientes del sector privado”.
-Fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para las violaciones a las normativas en coordinación entre las instituciones involucradas en el manejo de recursos, encabezados por la Cámara de Cuentas, JCE, Banco Central…
-Un marco jurídico de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, que garantice el derecho a la información de partidos y candidatos y de la ciudadanía a estar bien informada.
Todas esas y otras importantes regulaciones se han consensuado repetidas veces en las últimas dos décadas, sin que el liderazgo político haya mostrado voluntad. Y no renunciarán al ventajismo hasta que la sociedad, incluyendo a los empresarios y obispos, den mayores muestras de cultura democrática.