Ocurrió el 25 de julio del 2052. Después de decenas de fallos de los tribunales estadounidenses, varios infructuosos intentos de administrar la colonia bajo juntas de control fiscal y multitudinarias protestas en la Isla y en Estados Unidos, la incapacidad del gobierno del Estado Libre Asociado para pagar sus deudas se resolvió.
No fue del agrado de la mayoría de la ciudadanía y ocurrió a pesar de una resistencia denodada de múltiples sectores de la sociedad puertorriqueña.
En esa fecha —el centenario de la creación del ELA—, representantes del gobierno de Estados Unidos firmaron el contrato de venta del archipiélago boricua a un conglomerado de empresas que había presentado una novedosa propuesta en los tribunales para administrar a Puerto Rico como un centro comercial, industrial, turístico y militar. Algunos lo describieron como un “territorio charter” otros como una “Plaza de Las Américas agrandada” (de hecho, Empresas Fonalledas aportó el único capital puertorriqueño para la creación de PREVA).
El contrato fue autorizado por una ley estadounidense que finalizó la existencia del Estado Libre Asociado para dar paso legal al Puerto Rico Economic Value Association (PREVA por sus siglas en inglés). Aunque desde fines del siglo XX se había experimentado con ciudades privadas, PREVA fue el primer territorio en convertirse en un país privado, un territorio organizado y administrado totalmente como empresa privada.
Para esa fecha la ideología de capitalismo crudo era tan hegemónica a través del globo que la gerencia de PREVA gozosamente optó por usar el lema, PREVA, vitrina del neoliberalismo. Para principios del siglo XXI ya habían cuatro ciudades privadas, también conocidas como ciudades charter: Eko Atlantic en Nigeria, Lavasa en India, la Ciudad Económica Rey Abdullah en Arabia Saudita, y ZEDE en Honduras. Aún tan temprano en el siglo XXI como el 2014, un portavoz del neoliberalismo podía tranquilamente jactarse que en estas ciudades el mercado tenía mayor valor que la democracia:
“En vez de democracia, las decisiones sobre la provisión de bienes públicos, electricidad, agua y carreteras serán tomadas por la corporación Lavasa“. Y en el caso de ZEDE (siglas para Zona de Empleo y Desarrollo Económico) en Honduras, el mismo autor elogiaba que esta ciudad charter no tenía que regirse por la ley: “regiones de Honduras pueden optar por salirse de los marcos existentes de ley comercial y civil para importar sistemas administrativos de su propia selección”. En forma similar como el ELA fue producto de una articulación de fuerzas domésticas y fuerzas internacionales, el PREVA se produjo por una combinación de factores internos y externos. Internamente, el factor principal fue, obviamente, la incapacidad del gobierno para pagar la deuda.
Los efectos más despiadados de la crisis humanitaria fueron paliados por los esfuerzos del pueblo para que el gobierno continuara financiando servicios básicos de infraestructura, salud, educación y seguridad. La oposición masiva a los recortes usó diferentes modos de resistencia y en particular ingeniosas formas de confrontación pacífica.
El arte fue un espacio excepcional de conformación de voces y ánimos para dar respuesta democrática y equitativa a la crisis económica, política y social causada por el impago de la deuda pública. En ciertos momentos entre el 2017 y 2025 pareció que existían suficientes fuerzas para que el país logrará su independencia política. Significativos sectores de la comunidad internacional dieron su apoyo a la resistencia boricua. Con el soporte secreto del Vaticano, una coalición de gobiernos latinoamericanos realizó esfuerzos diplomáticos para contrarrestar la presión económica y mediática de los bonistas y simultáneamente para apoyar la independencia de Puerto Rico.
Coaliciones de sindicatos, personas de la tercera edad y otras organizaciones civiles en diferentes países —en particular Estados Unidos, Argentina, España y Grecia— ofrecieron apoyo solidario para evitar la venta del país a empresas privadas. No obstante hacia mediados de la década del 2040 se hizo evidente que existía suficiente consenso entre las élites económicas y políticas de la Isla para transformar la colonia más vieja del planeta en el primer territorio charter del mundo. Las fuerzas internacionales que promovieron esta transformación —casi todas con base en Estados Unidos y Europa Occidental— buscaban robustecer la hegemonía del capital financiero sobre los gobiernos nacionales, la sociedad civil internacional y otras organizaciones que obstaculizaban la continua concentración de riqueza en el planeta.
La transformación del ELA en el PREVA se convirtió en su primera victoria contundente en contra del estado nación como “entidad viable para el continuo desarrollo de la humanidad” (cita de un abogado quien argumentaba ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el por qué una corporación puede sustituir a un país) y en contra del pago de las pensiones y servicios de salud a la población mayor de 65 años. Ambos temas —el estado nación y las pensiones/servicios de salud— habían sido combinados como puntos centrales en los debates ideológicos de los principales países capitalistas.
El pago de las pensiones/servicios de salud fue tema central debido a que entre el 2015 y 2050, la población mayor de 60 años se duplicó en todo el planeta, pero los incrementos más dramáticos de envejecientes fueron en Europa Occidental y Estados Unidos (UN World Population Prospects).
De hecho, en Estados Unidos y Europa Occidental para el 2050, el costo de planes médicos se había convertido en parte desmedida del Producto Nacional Bruto (PNB). Desde principios del siglo XXI, un grupo de expertos había alertado: “Si las actuales tendencias continúan hasta el 2050, la mayoría de los países de la OECD dedicarán más de una quinta parte de su PNB a programas de salud. Para el 2080, países como Suiza y Estados Unidos le dedicarán más de la mitad de su PNB—y para el 2100 la mayoría de países del OECD llegará a ese nivel de gastos”.
Los gobiernos de mayor desarrollo capitalista (la mayoría miembros del OECD) comenzaron a flaquear frente al reto del pago de la deuda pública, deuda que aumentó monumentalmente entre el 2000 y el 2050. Para fines del siglo XX, expertos del OECD presagiaron las consecuencias del crecimiento de la población mayor de 65 años para el pago de la deuda pública: “Lo más probable es que las tendencias ejercerán presión sobre las pensiones del sector público y el sistema de salud y esto seguramente tendrá efectos significativos sobre la capacidad fiscal de los gobiernos”. En pocas palabras, durante las primeras cuatro décadas del siglo XXI en muchos países la disyuntiva primordial fue pagar las pensiones y programas de salud o pagar la deuda pública.
La resistencia de muchos gobiernos a incumplir en el pago de las pensiones y a reducir otras servicios básicos convirtió el tema de “la razón de ser de los estados naciones” en asunto preferido de los ideólogos neoliberales. En estos debates se enfatizaba continuamente que desde la segunda década del siglo XXI, en Estados Unidos, Japón y Europa Occidental la deuda pública sobrepasaba el 100% de la producción anual de productos y servicios (http://www.forecast/government-debt-to-gdp). Entre finales de la década del 2010 hasta el 2055, cada una de las tres ramas del gobierno estadounidense aportó significativamente para sentar las bases legales, políticas y económicas que permitieron la creación del PREVA.
Tal como lo habían alertado centenares de voces, entre las cuales se destacaba la de Robert McChesney (ver privatización de la democracia representativa en 80grados), las tres ramas gubernamentales se convirtieron en fieles recaderos del capital financiero. Los donativos exorbitantes a las campañas políticas de presidente y legisladores permitidos a partir del fallo del Tribunal Supremo en United Citizens v. Federal Election Commission propiciaron la lenta pero firme subordinación del ejecutivo y la legislatura a intereses multimillonarios.
Desde la presidencia y el congreso, los recaderos del gran capital nombraron a jueces acomodaticios a la lógica neoliberal. Y fue particularmente en los tribunales donde se efectuaron los cambios legales que permitieron la transformación del ELA en el PREVA. Los diversos casos vistos ante el Tribunal Supremo estadounidense desde el 2020, los cuales dieron paso a la creación de PREVA, giraron en torno al concepto legal de personalidad jurídica para empresas privadas. Muchos llamaron a estos casos del siglo XXI los casos empresariales para compararlos con los casos insulares de principios del siglo XX.
En una edición especial del 2049 del Cornell Law Review se presentó un perspicaz análisis comparativo entre los casos insulares y los casos empresariales. La comparación detallaba cómo en los casos insulares, el Tribunal hizo malabares lógicos para restarle derechos civiles a los habitantes de Puerto Rico mientras en los casos empresariales usó similares destrezas para ampliar los derechos civiles de corporaciones. Esta ampliación estrambótica de los derechos civiles de corporaciones se inició con United Citizens v. Federal Election Commission, un caso del 2010 en el cual Puerto Rico no era tema pertinente, pero el cual tuvo consecuencias nefastas para el futuro del ELA.
En este caso el Tribunal Supremo falló que las corporaciones tienen derechos de expresión iguales a los de las personas y que las contribuciones de estas corporaciones a las campañas electorales eran entonces amparadas por este derecho de expresión. Para el 2020, un abogado de Och-Ziff Capital Management LLC (una de las compañías apropiadamente llamadas fondos buitres) argumentó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que limitar los casos de impago del ELA al Capítulo 9 violentaba la decimocuarta enmienda de la constitución en cuanto a igual protección de derechos civiles. El Capítulo 9 fue diseñado para proteger la soberanía de los municipios -y otras entidades que responden a los 50 estados— ante los reclamos de acreedores, de modo que su soberanía no se subordine totalmente a las demandas de los prestamistas.
Al no permitirle a los acreedores una recuperación justa de sus inversiones bajo el Capítulo 9, se estaba discriminando a favor del ELA —una entidad con personalidad jurídica cuestionable— y contra las corporaciones, las cuales gozan de personalidad jurídica igual que las personas.
El abogado argumentó que como Puerto Rico no era municipalidad ni parte de uno de los 50 estados no tenía derecho constitucional a la soberanía. Al no ser estado, ninguna de sus agencias o municipalidades podía usar el Capítulo 9. El Tribunal Supremo falló a favor de Och-Ziff Capital Management LLC, lo cual obligó al Congreso a rápidamente pasar una ley de bancarrota específica para Puerto Rico. En esta ley se clarificó que el Estado Libre Asociado carecía de soberanía y su legalidad se comparó a la de una entidad sin fines de lucro.
Esto a su vez, permitió que los bonistas obligarán al ELA a recurrir al Capítulo 11, sección reservada para la bancarrota de corporaciones y sujeta a provisiones más draconianas. Al degradar al Estado Libre Asociado a entidad sin fines de lucro en el 2038, el Congreso abrió las compuertas —algunos argumentaron que intencionalmente, otros que lo hizo sin querer—para los casos radicados ante el Tribunal Supremo en que las corporaciones solicitaron sustituirlo como gobierno legítimo del territorio de Puerto Rico. En el fondo, los argumentos que presentaron y que prevalecieron eran que bajo la constitución de los Estados Unidos las corporaciones tenían mayores derechos que el Estado Libre Asociado.
Son numerosos los detalles de la transformación del ELA en el PREVA, sobre todo lo que ocurrió al interior del archipiélago. Aquí solo puedo referirme a algunos de los acontecimientos, con la esperanza de que otros que han tenido la oportunidad de estudiar ese desastroso proceso puedan añadir detalles para las lectoras y lectores de 80grados.
Antes del 2052, mucha de la riqueza del archipiélago se había vendido para pagar a los acreedores. Vieques y Culebra fueron despoblados y volvieron a ser espacios para ejercicios bélicos. Bajo PREVA, estas dos islas fueron alquiladas a MVM, Inc. y otras compañías militares surgidas a raíz de las guerras de Estados Unidos en Iraq. Estas a su vez, alquilaban las dos islas a diferentes gobiernos para maniobras y prácticas militares. El Yunque fue vendido a los Departamentos del Interior y Energía y a un consorcio de universidades estadounidenses quienes lo compraron para ampliar sus pruebas sobre calentamiento global. Para el 2021 se aprobó una propuesta del Recinto de Mayagüez que convirtió a la Universidad de Puerto Rico en once universidades. Al siguiente año, todas menos Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas fueron vendidas a universidades privadas.
Lamentablemente, para el 2024 el gobierno de los Estados Unidos cesó de incluir a Puerto Rico en las Becas Pell, y todas las universidades privadas del país desaparecieron. Parte del RUM fue comprado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ciencias Médicas también pasó a manos privadas y se convirtió en pieza central de una estrategia para convertir a Puerto Rico en destino privilegiado del turismo médico.
El Recinto de Río Piedras fue reducido en tamaño y vendido a un consorcio de universidades de España. En el 2042, los Estados Unidos revocó la ciudadanía, pero permitió que los perjudicados por esta medida la pudieran recobrar a un costo de $20,000 por persona.
Esto permitió que los sectores más acomodados recuperarán su ciudadanía estadounidense, acción que muchos en este grupo usaron para emigrar inmediata y masivamente al norte. Con los fondos recaudados por medio de la venta de estas ciudadanías el gobierno de Estados Unidos fue muy creativo. Los usó para comprarle ciudadanía en otros países a decenas de miles de boricuas.
Muchos gobiernos latinoamericanos se ofrecieron para apoyar esta iniciativa, tanto por la necesidad de divisas como por solidaridad con los apátridas boricuas. El 26 de julio del 2052, un grupo de patriotas se dio cita en Lares para establecer la organización NOPREVA, una entidad dirigida a lograr la independencia política y económica del archipiélago puertorriqueño.
Publicación de la revista digital 80grados.net. Puerto Rico
El profesor Maximiliano Dueñas Guzmán es miembros del Espacio de Comunicación Insular