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En democracia el derecho a la protesta debe estar garantizado y resguardado. Tanto autoridades como la ciudadanía tienen la responsabilidad de que ese derecho de la población de organizar y participar en protestas y reclamos cuando sus derechos se ven afectados, no puede ser restringido bajo ninguna circunstancias.

De lo contrario la democracia no estaría protegiendo el sagrado derecho a la protesta.

Sin embargo, esas protestas que la democracia nos garantiza, debe hacerse en un marco de respeto y seguridad tanto para los manifestantes como para aquellos que no participan de las mismas. Es lo que proclamaba el prócer Don Benito Juárez cuando afirmaba que el respeto al derecho ajeno es la paz. En la isla que comparten Haití y en la República Dominicana, se han desarrollado manifestaciones públicas en la que se ha impuesto el irrespeto y la intolerancia.

Una de esas protestas, organizada por individuos, que se dicen llamar nacionalistas, que “pertenecen” a supuestas organizaciones revolucionarias, progresistas y de base, se lanzó una bandera haitiana al suelo, siendo pisoteada. Se lanzaron insultos contra las autoridades haitianas y el pueblo de ese país. Bajo el ya discurso de la supuesta invasión haitiana y contra los inmigrantes haitianos en la República Dominicana, la protesta desencadenó una serie de críticas y valoraciones negativas contra el país de parte de los haitianos pero también de parte de dominicanos que deploraron esos hechos provocadores.

Esos grupúsculos de “nacionalistas” con conexiones con el Partido Fuerza Nacional Progresista, entidad anti-haitiana y anti-migrantes, no han cesado en sus actividades provocativas. No ha existido ninguna autoridad pública dominicana que llame a capitulo a estas personas y a las organizaciones a las que pertenecen. Se han hecho de la vista gorda. Se han hecho los ciegos o cómplices. Y lo decimos porque no hubo una sola condena oficial al respeto. No existió de parte de nuestras autoridades un pronunciamiento llamando a esos grupos acogerse al derecho a la protesta sin provocaciones y sin querer tomar la justicia por sus manos.

De su lado, en la otra parte de la isla. En Haití, distintos grupos de la llamada sociedad civil, condenaron enérgicamente la quema de la bandera haitiana y otros hechos que como la muerte y posterior colgamiento de un inmigrante haitiano en el Parque Ercilia Pepín. Fueron varios pronunciamientos para que estas acciones sean investigadas por las autoridades dominicanas.

Asimismo, las entidades y personalidades haitianas conocidas por todos. Que por años han abogado por las buenas relaciones de vecindad entre los pueblos y los gobiernos de la isla, que han estrechado relaciones transfronterizas con organizaciones dominicanas, que han colaborado en importantes esfuerzos para que las relaciones de pueblo a pueblo no se vean afectadas por las ya y siempre tensa relaciones dominico-haitiana. Llamó la atención que se convocara a una protesta-marcha a la Embajada dominicana en Puerto y al Consulado General del país en la capital haitiana. La entrega de un documento de protesta a la legación diplomática dominicana se considera un acto cívicamente aceptable y de mucho respeto.

Lamentablemente no es la primera vez que organizaciones de la sociedad civil haitiana convocan manifestaciones que luego no pueden o no hacen todo el esfuerzo para que no se le vaya de control.

Pero esta falta de control fue más allá de la simple protesta frente a la legación diplomática dominicana. Esta vez personas que participan de la actividad o extrañas, esta última hipótesis, poco convencible para los observadores, penetraron al consulado dominicano en Puerto Príncipe. Subieron al techo donde estaba el asta de la bandera, la bajaron violentamente y luego la quemaron. Repitieron estas personas desaprensivas lo mismo que hicieron los irresponsables dominicanos que incendiaron la bandera haitiana en Santiago.

Los haitianos repitieron con sus acciones violentas el viejo refrán “Ojo por ojo diente por diente”.

Evidentemente tanto en Haití como en la República Dominicana tenemos grupos violentos. Tenemos grupos de provocadores que no quieren la existencia de una normalización de las relaciones entre las dos naciones de la isla.

Me negaba aceptar lo que un amigo me había dicho que esa manifestación que se estaba convocando en las actuales circunstancias políticas que vive Haití terminaría en algo feo. Y terminó en un episodio peligroso para las dos naciones. Pudo haber sido peor. Ha sido una afrenta a la nación dominicana como fue una afrenta a la nación haitiana la quema de la bandera del pueblo haitiano.

Ambos hechos, los de Santiago de la quema de la bandera haitiana y el posterior asesinado de un inmigrante que aun se investiga las realidades circunstancias del crimen, que tiene característica de ser un crimen de odio, y la incursión de individuos violentos en el Consulado General de República Dominicana y la quema del lienzo patrio. Son condenables en la misma proporción porque en ninguno de los casos las autoridades nacionales le han puesto coto a los provocadores.

Se impone aislar a los provocadores que existen en la isla. Se impone retomar el diálogo dominico-haitiano.

Pero sobre todo se impone construir juntas y juntos la agenda binacional dominico-haitiana. Ha sido una propuesta del Espacio de Comunicación Insular que en esa agenda participen la sociedad civil de la isla, como actores de primera fila con propuestas para encontrar soluciones a las diferencias y problemas que tenemos como pueblos fronterizos.

Se impone finalmente continuar trabajando en la construcción de una cultura de paz en la isla. Para ello las organizaciones cívicas de la isla tienen mucho que aportar. Más que dejarse llevar por las emociones y los grupos de provocadores. En ambos lados de la isla tienen experiencias de trabajo en la resolución de conflictos que puede ser una importante herramientas conjuntamente con la incidencia para armonizar las relaciones entre las dos naciones de la isla.